PSOE y Unidas Podemos consiguieron ayer ponerse de acuerdo para prohibir los desahucios de familias vulnerables mientras dure el estado de alarma si no hay una alternativa habitacional, un aspecto este que quedará en manos de las comunidades autónomas. Tras varias semanas de roces internos en el Gobierno, Pablo Iglesias y José Luis Ábalos pactaron prorrogar esta medida hasta el próximo 9 de mayo, cuando decaerá el periodo excepcional, y ampliar su protección a familias en situación de vulnerabilidad previa a la pandemia del coronavirus.

Donde no llegaron a un entendimiento socialistas y morados, por el momento, es sobre la prohibición del corte de suministros, defendida por Iglesias. La polémica generada en el Ejecutivo por la enmienda que registró Unidas Podemos a los Presupuestos junto a ERC y EH Bildu para prohibir los desahucios se cerró este martes. El compromiso del Gobierno es aprobar un decreto ley, lo antes posible, para frenar los lanzamientos de familias vulnerables mientras “no exista la posibilidad de que sean realojadas en una vivienda digna”, explicaron fuentes de la vicepresidencia segunda.

Involucrar a las autonomías

Es en este punto donde los dos partidos de la coalición quieren que se involucren las autonomías. La intención del Ejecutivo es que sean las comunidades las encargadas de ofrecer la alternativa habitacional a las personas que vayan a ser desahuciadas. Además, deberá ser “siempre una vivienda digna” y el lanzamiento no se podrá realizar si no se ha “asegurado y garantizado un realojo”, según subrayaron desde el gabinete de Iglesias. En este sentido, hicieron hincapié en que no se podrá derivar a las familias a un albergue.

Esta nueva iniciativa servirá para reemplazar a la que actualmente está en vigor hasta el próximo 31 de enero. Además de ampliarla hasta el 9 de mayo, fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana explicaron que se añade la protección a aquellas familias que estaban en situación de vulnerabilidad antes de la crisis del coronavirus, un caso que no contempla la actual normativa.

También recoge la situación de aquellas familias “en precario” que estén en una vivienda de un gran tenedor —más de 10 inmuebles—. Esta era una de las exigencias de los morados, que reclamaban un mecanismo que impidiese los desahucios de viviendas propiedad de bancos y fondos de inversión. En este tipo de casos, las autonomías tendrán un plazo de tres meses para buscar un nuevo alojamiento a las personas afectadas.