La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de ocho años de cárcel, 13 años de inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena para Alfredo Prada, que fue consejero de la Comunidad de Madrid durante el mandato de Esperanza Aguirre, y seis años de cárcel para otras cinco personas por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del Campus de la Justicia de Madrid (CJM). Se les acusa de los delitos continuados de prevaricación en concurso ideal con un delito continuado de malversación de caudales públicos (o, alternativamente, con un delito continuado de fraude a la Administración pública). Por ello, además de las penas de prisión, Anticorrupción reclama más de 10 años de inhabilitación absoluta.

Esa empresa pública se constituyó en 2005 para desarrollar el proyecto de Campus de la Justicia de Madrid, que debía construir un complejo de 14 edificios interconectados con túneles en el que se concentrarían las sedes judiciales de la comunidad. Finalmente no se acabó y quedó en situación de abandono cuatro años después, habiéndose gastado hasta entonces 355 millones.

La fiscalía acusa a los seis procesados —todos miembros de la mesa de contratación— de haber concertado contrataciones con “deliberada, generalizada y reiterada elusión de los requisitos normativos y principios elementales de contratación, afectando a todas las fases del procedimiento de contratación: toma de decisión del gasto, selección de procedimiento de adjudicación, tramitación del procedimiento, adjudicación y ejecución”.

Entre 2005 y 2015, el importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la comunidad ascendió a 355.577.355,92 euros. Los gastos fueron efectuados por transferencia, pagos en efectivo y tarjeta de crédito. Los pagos con tarjeta incluían los relativos a viajes en los que no había justificación de su finalidad al no existir documentación de los desembolsos con cargo al erario.

Junto a Prada (entonces presidente de CJM), en la directiva de la sociedad estaban los acusados Isabelino Baños (director técnico), Mariano Sanz (subdirector técnico), Alicio de las Heras (director financiero), Félix García (letrado asesor) y Andrés Gómez (director de seguridad), también imputado en el caso Tándem sobre las actividades del excomisario Villarejo.