El enfoque de la XXVI Conferencia de Presidentes ha cambiado radicalmente tras el estallido de la guerra en Ucrania. La invasión rusa obligó al Gobierno a desconvocarla para cuando estaba prevista, el 25 de febrero, y desplazarla a este domingo, 13 de marzo, en el mismo escenario, la isla de La Palma. El Ejecutivo busca ahora reforzar los mecanismos de cooperación con las comunidades en cuatro ámbitos: ayuda humanitaria, acogida y protección de refugiados, ciberseguridad y medidas de impacto socioeconómico, además de una condena explícita de la agresión de Moscú y el apoyo inequívoco a Kiev. Entre las medidas propuestas, el Gabinete de Pedro Sánchez plantea la reducción del coste energético, la aceleración de la transición verde y la concienciación del ahorro energético, en línea con lo planteado por la Comisión Europea. Pero también aboga por la creación de una reserva nacional de bienes estratégicos o una respuesta coordinada y de calidad frente a los ciberataques.

El Ministerio de Política Territorial, dirigido por Isabel Rodríguez, ha remitido a las comunidades un borrador de acuerdo que se someterá el domingo a debate y aprobación, un documento de ocho páginas que viene a plasmar la voluntad de "unidad" reiterada por Sánchez frente a Vladímir Putin. El Gobierno defiende que el mejor mecanismo para responder a una crisis de enorme envergadura es la actuación "compartida" de todas las administraciones públicas. La "cogobernanza y la disposición y el trabajo conjunto" que permitieron "gestionar con eficacia la pandemia" y llevar a cabo "una campaña de vacunación modélica en el mundo" es, a juicio del Ejecutivo, la mejor fórmula también esta vez. En definitiva, la necesidad de "redoblar la colaboración intergubernamental" en beneficio de la ciudadanía y de las víctimas del conflicto armado".

Se pondrá "especial atención" a los más vulnerables y a los consumidores electrointensivos y se acelerarán la transición energética

Sánchez ha repetido, en todas sus últimas comparecencias, que la guerra en el este de Europa supondrá, ineludiblemente, costes, por eso el documento, al que tuvo acceso este diario (y adelantado por 'El Mundo'), subraya que todas las administraciones "trabajarán para proteger a la ciudadanía", y especialmente a los más vulnerables, de los daños económicos que infligirá el conflicto.

En cuanto a las medidas, el borrador no llega hasta lo concreto, pero sí proporciona unas orientaciones claves. Así, recoge la voluntad de que empresarios y sindicatos alcancen ese pacto de rentas para evitar una "espiral inflacionista", y para ello Sánchez ya se reunió el pasado lunes con los agentes sociales. Pero sin duda lo mollar ahora mismo es la energía, por la dependencia del gas y del petróleo rusos de buena parte de Europa (aunque no de España). El Ejecutivo, dice el texto, "aprobará medidas dirigidas a la reducción del coste energético", con "especial atención" a los colectivos vulnerables y a los consumidores "electrointensivos e industriales". Comunidades y ayuntamientos también deberán "asegurar" las medidas que atenúen el "impacto del incremento de los precios energéticos" sobre los más desprotegidos.

En línea con Borrell

El Gobierno respalda la tesis sostenida ayer miércoles por el alto representante de la UE, Josep Borrell: que todos los ciudadanos pongan de su parte y recorten su consumo para reducir la factura de la importación de hidrocarburos a Rusia y también afrontar la crisis climática. El texto lo expresa así: todas las administraciones públicas "se comprometen a acelerar la transición energética de nuestro país y a concienciar al conjunto de la ciudadanía y a los sectores productivos acerca de la importancia del ahorro energético, a través de medidas como el incentivo de un uso más racional de los vehículos privados o una moderación del uso de energía dedicado a la climatización". También se "intensificarán los planes y medidas dirigidas a la rehabilitación y la reducción de consumos energéticos en los edificios e infraestructuras públicas".

Para las empresas afectadas por las sanciones a Rusia, se pondrá en marcha "un plan de ayuda en los arbitrajes internacionales"

Y si el Gobierno promete "acelerar el despliegue" de las energías renovables, el conjunto de administraciones deberá agilizar "la gestión de los fondos europeos" en lo que se refiere a las ayudas al autoconsumo, la rehabilitación energética y la movilidad eléctrica.

El texto alude específicamente a las empresas que se han visto perjudicadas por las sanciones a Rusia: recibirán "información y asesoramiento" y, a la espera de que la Unión Europea discuta "medidas de compensación" para ellas, el Gobierno "pondrá en marcha un plan de ayuda en los arbitrajes internacionales" que procedan del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Inversión en tecnologías críticas

El borrador también incide, como ya adelantó Sánchez en el Congreso, en el refuerzo de la promoción del turismo en otros mercados emisores (para suplir la falta de viajeros rusos). E incluye una cuestión en la que siempre hace hincapié el presidente, dentro y fuera de España: la necesidad de aumentar la autonomía estratégica. ¿Cómo? Por un lado, se acelerará la inversión en "tecnologías críticas como semiconductores, almacenamiento, minerales esenciales, baterías, 5G, Inteligencia Artificial, centros de datos y principios activos de medicamentos esenciales".

Como establece la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, se promoverá la creación de una reserva de bienes estratégicos para asegurar los suministros de España

Y por otro, y en línea con lo establecido en la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en diciembre de 2021, "se promoverá la creación de una reserva de bienes considerados estratégicos para preservar los derechos y libertades, el bienestar de los ciudadanos, el suministro de los servicios esenciales y los recursos de primera necesidad y de carácter estratégico". En la pandemia, también el Ejecutivo impulsó una reserva de material sanitario, para que no se repitiera el desabastecimiento que sobrevino con la primera oleada del virus.

Una cuestión que inquieta bastante al Gobierno es la posibilidad de ciberataques rusos. Por ello reclama reforzar la cooperación entre todas las administraciones para "mejorar el funcionamiento de los servicios tecnológicos y garantizar la calidad de la respuesta ante los ciberataques" que pudieran recibir organismos públicos, empresas y ciudadanos. Para ello, habrá un intercambio "fluido y automático" de información entre el Ejecutivo central y las comunidades que permita "ajustar las medidas defensivas". Gobierno y autonomías también implementarán medidas de ciberseguridad "mínimas" y "de obligado cumplimiento" y establecerán una "cibervigilancia permanente".

"Evitar duplicidades"

En cuanto a la cooperación humanitaria, el borrador apuesta por una coordinación de Ejecutivo central y CCAA para "paliar los efectos" de la guerra y por un incremento de las aportaciones al fondo de contingencia. Así, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y las entidades regionales compartirán información y "colaborarán recíprocamente para evitar duplicidades" y "mejorar resultados". También Gobierno, comunidades y ayuntamientos coordinarán "cuantas actuaciones hayan de desplegarse para garantizar la acogida, protección y bienestar" de los refugiados que huyan del conflicto.

Se creará un grupo de colaboración entre Gobierno, autonomías y ayuntamientos, impulsado por Escrivá, para pilotar la aplicación del plan de acogida de ucranianos

El Gabinete de Sánchez, cita el documento, ya está impulsando un plan de recepción y acogida de desplazados ucranianos e "integrando todas las contribuciones" de comunidades y municipios. El plan "articulará y ordenará" los esfuerzos desplegados por distintas entidades e incluirá "el desarrollo de centros específicos de acogida y recepción". Ya están previstos en Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana y "podrían extenderse" a otras regiones. En estas instalaciones se otorgarán a los ucranianos huidos, "con un plazo máximo de concesión de 24 horas, permisos de residencia y trabajo en España por un año renovable, se les informará de los derechos para aquellos que lo necesiten y se les derivará hacia la red de acogida, que habrá de disponer de la necesaria capacidad de adaptación para atender las necesidades requeridas". El acuerdo incluye aumentar los recursos necesarios para absorber el flujo de desplazados, del que no se da una cifra prevista concreta.

Además, se constituirá un grupo de colaboración intergubernamental entre el Gobierno central, las comunidades y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), impulsado por el Ministerio de Inclusión que dirige José Luis Escrivá. Este grupo "será el encargado de coordinar a nivel operativo la aplicación del plan de acogida, realizar el seguimiento", canalizar los flujos de información y articular los "mecanismos de atención y respuesta".