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La Opinión de A Coruña

Investigación

La Sala Penal estudia si permite saltar la "línea roja" del PP trazada por el juez en el caso Kitchen

La Audiencia Nacional decide sobre la imputación de María Dolores de Cospedal y el "cierre en falso" de la operación policial de robo a Luis Bárcenas de documentos comprometedores

María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz.

Tres magistrados de la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional -Francisco Guevara, Carlos Fraile y Ana María Rubio- deliberan desde el pasado viernes, día 18, sobre unos recursos de apelación que son cruciales para el futuro del caso Kitchen, una acción de la cúpula policial que, en conexión con la cúpula del Partido Popular, se montó con el fin de seguir, espiar y sustraer al ex tesorero nacional Luis Bárcenas documentos comprometedores para dirigentes de dicho partido que estaban en el Gobierno de Mariano Rajoy, entre 2013 y 2016, todo ello en una operación encubierta secreta paralela a la investigación judicial.

Entre los que han presentado las acusaciones y las defensas de los investigados, son 12 recursos de apelación contra el auto de cierre de la instrucción –transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, equivalente al auto de procesamiento previsto en el procedimiento ordinario- dictado el 29 de julio de 2021 por el juez instructor, Manuel García-Castellón.

Todas las dificultades que podían provocar el retraso en la resolución de estos recursos se han conjurado. Presentados en los primeros días de septiembre de 2021, la sección tercera de lo Penal no terminaba de recibirlos. Un aparente problema informático a principios de 2022 parecía insalvable y una vez resuelto los papeles fluyeron lentamente desde el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Pero a estas dificultades burocráticas se unió que la ponencia recayó en el nuevo juez adscrito a la sección tercera, el exministro de Justicia reincorporado a su carrera de magistrado, Juan Carlos Campo, quien, lógicamente, presentó su abstención, que fue aceptada. Después de fijar la deliberación y votación para el 4 de marzo, un nuevo aplazamiento estableció una nueva fecha para el pasado 18 de marzo. La deliberación, pues, ha comenzado. Y pasarán días hasta que se resuelvan y se dé traslado a las partes.

El recurso de apelación estrella de las acusaciones es el que presentaron el 6 de septiembre de 2021 los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción Miguel Serrano y César de Rivas. Y entre los de las defensas cabe destacar los del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y del secretario de Interior, Francisco Martínez.

El escrito de los fiscales es el libro de Kitchen, 90 folios dirigidos contra del juez García-Castellón cuyo sueño de una tarde de verano, 29 de julio de 2021 -un momento muy propicio a cerrar investigaciones a las puertas de las vacaciones- consistió en dar un carpetazo sorpresivo de una investigación en la que estaban pendientes diligencias ya acordadas.

Cuatro objetivos de un golpe

García-Castellón pretendió consumar con un solo golpe cuatro objetivos: cerró la investigación, denegó nuevas pruebas solicitadas por el fiscal, rechazó prorrogar el plazo legal de la instrucción pedida por el fiscal, las acusaciones del PSOE y Unidas Podemos, varias defensas y la Abogacía del Estado y, por último, y no por ello menos importante, archivar (sobreseimiento provisional) de la causa para María Dolores de Cospedal y su esposo, Ignacio López del Hierro.

Según los fiscales se trató del “cierre en falso de una compleja instrucción que tiene por objeto delitos desarrollados en el marco de la corrupción policial y política” cuando “resulta imprescindible dilucidar si los funcionarios policiales y los máximos responsables del Ministerio del Interior actuaban en concierto con dirigentes del partido político gubernamental”.

Uno de los puntos de ataque de los fiscales se refiere tanto a la forma como al fondo. El sobreseimiento provisional de Cospedal y de López del Hierro se acometió sin audiencia previa de los fiscales. “Amén de ser extemporánea, es sorpresiva para el fiscal, al que en ningún momento se le dio traslado para informe previo sobre ninguna solicitud de sobreseimiento que haya podido presentar por cualquiera de los investigados a los que afecta la resolución”, señalan.

“Esta preterición [olvido] del fiscal antes de la adopción de trámites procesales esenciales del procedimiento resulta, por otra parte, absolutamente novedosa. En particular, por el Ministerio Fiscal se ha informado previamente en el procedimiento otras previas peticiones de sobreseimiento provisional”, puntualizan

"Linea roja" del PP: no traspasar

Para los fiscales, “la afirmación del juez que se plasma en el auto del 29 de julio de 2021 acerca de la ausencia de indicios sobre esta investigada resulta procesalmente incomprensible”, ello teniendo en cuenta que fue citada a declarar como imputada por petición de los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa (el fiscal luego apartado por la fiscala general del Estado, Dolores Delgado, vía denegación de la plaza fija a la que concursaba).

“Ninguna de las diligencias practicadas con posterioridad han desvirtuado aquellos indicios ni mucho menos sus respectivas declaraciones judiciales… Las declaraciones de su jefe de gabinete, José Luis Ortiz Grande, que manifestó reiteradamente y sin titubeos que las reuniones mantenidas [con Villarejo para el seguimiento del 'caso Gürtel' y los documentos de Bárcenas] por la investigada Cospedal fueron mucho más que las tres o cuatro reconocidas por Cospedal y lo que es más relevante que la mayoría de las reuniones, y en todo caso la primera de ellas, tuvo lugar a iniciativa de su jefa”.

Los fiscales ponen el dedo en la llaga a continuación: “De este interés al conocimiento y patrocinio político de la operación Kitchen hay, efectivamente, un trecho que no está indiciariamente soportado con la rotundidad que reflejan los indicios obtenidos acerca de la trama policial y en el ámbito del ministerio del Interior. Pero lo que parece es que ese paso no se quiere dar, hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación. Kitchen en la instrucción no es más que esto, se llega a decir por el instructor después de describir los hechos que ya se conocían al inicio de la formación de la presente pieza separada número siete”.

Esta frase motivó, según ha confirmado El Periódico de Catalunya, una llamada de queja del juez García-Castellón al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, quién a su vez, le replicó sus propios agravios, como que en su resolución de cerrar la investigación había ninguneado a los fiscales.

Otro punto caliente. Las diligencias solicitadas por del Ministerio Fiscal "en relación a los teléfonos con los que Villarejo se habría comunicado con el presidente del Gobierno [Mariano Rajoy] para darle cuenta de las vicisitudes de la operación Kitchen” es, según el instructor, “impertinente, innecesaria e inútil”.

Los fiscales subrayan: “El procedimiento se quiere artificialmente delimitar en el ámbito del Ministerio del Interior, puesto que si las diligencias practicadas reflejan con contundencia y solidez que se habría desarrollado la operación Kitchen por parte de la cúpula policial -funcionarios policiales del ámbito de la Dirección Adjunta Operativa, con conocimiento y protección del ministro del Interior y del Secretario de Estado de Seguridad- esto no implica que las posibles responsabilidades fuera de ese ámbito, en concreto, del Presidente del Gobierno [Mariano Rajoy llamado entre los investigados, según señala el recurso de los fiscales 'El Asturiano' o 'El Barbas'] y de los dirigentes del Partido Popular, no constituyan objeto del procedimiento. Ni tampoco que esta hipótesis que con las diligencias se solicitaban [sobre cinco teléfonos móviles aportados por Villarejo] se encuentre vacía de soporte indiciario”.

Precisamente uno de los números, de los cinco, es titularidad del PP.

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