En 2020 dio el salto de Galicia a Madrid. El entonces fiscal de Medio Ambiente en la comunidad gallega, donde ejerció la acusación pública del Prestige y desmontó la tesis de la Xunta de que existía una “trama criminal” tras los incendios forestales, fue fichado como número dos de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, quien ayer renunció al cargo por motivos de salud tras someterse a una operación de columna vertebral que no la ha dejado en las condiciones físicas requeridas para el puesto, según explicó en un comunicado. Dos años después de asumir la jefatura de la Secretaría Técnica del Ministerio fiscal, fiscal de Sala Álvaro García Ortiz se pone al frente de la Fiscalía General del Estado.

Aunque nacido en Salamanca, García Ortiz llevaba 18 años en Galicia cuando en marzo de 2020 fue nombrado segundo en la Fiscalía del Estado, por lo que se siente un gallego más. A Dolores Delgado le une una amistad personal desde hace años, ya que coincidió con ella en la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenece la ya exfiscal del Estado y de la que Álvaro García Ortiz fue presidente entre 2013 y 2017, y también en el Consejo Fiscal. 

La designación como candidato por el Consejo de Ministros no es suficiente para ser fiscal general. Al igual que ocurrió Delgado en 2020, García Ortiz tendrá que obtener ahora el aval de idoneidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —el pleno será mañana jueves— y también someterse a preguntas en la Comisión de Justicia del Congreso a fin de obtener el beneplácito del poder legislativo. 

Por estar al frente de la Secretaría Técnica es un perfecto conocedor de la Fiscalía, de los proyectos que están en marcha y de las relaciones institucionales. Para su designación, el Gobierno ha tenido en cuenta su dilatada trayectoria como fiscal de carrera y el conocimiento que tiene de la estructura y funcionamiento de la Fiscalía —Álvaro García Ortiz lleva más de 20 años en el la carrera y se necesitan 15 de ejercicio efectivo para optar al puesto—. Fuentes fiscales destacan también su conocimiento “de las problemáticas cotidianas de la Fiscalía y de los ciudadanos y tiene muy claro el horizonte de soluciones”.

Padre de dos hijos, su pareja es la fiscal especializada en violencia de género en Santiago Pilar Fernández. García Ortiz ingresó en la Carrera Fiscal en 1998, fue fiscal coordinador de la entonces Adscripción de Menorca de 2000 a 2002, año en el que fue destinado a la Fiscalía de Área de Santiago, donde fue nombrado fiscal coordinador de incendios en Galicia en octubre 2004. Su trayectoria y proyección pública le han convertido en uno de los mayores expertos del Ministerio fiscal en incendios forestales. Un área que —reconoce— le apasiona y con la que, a pesar de reconocer las complicaciones jurídicas que conlleva, tiene una afinidad personal especial. Posteriormente fue nombrado fiscal delegado de Medioambiente, urbanismo, ordenación del territorio e incendios forestales, desde 2007 a nivel provincial y autonómico. 

Por el despacho de Álvaro García Ortiz pasaron asuntos tan destacados como el caso Prestige, una causa que se inició en 2003 para investigar las responsabilidades detrás del hundimiento del petrolero que dejó 77.000 toneladas de fuel frente a las costas gallegas en noviembre de 2002. Durante el juicio, que arrancó en octubre de 2012, el entonces fiscal de Medio Ambiente de Galicia reclamó una indemnización de más de 4.000 millones para los afectados, que finalmente el Supremo rebajó a 2.000 millones. 

También destacan en su trayectoria las investigaciones sobre incendios y el informe elaborado sobre las posibles causas delictivas de los incendios forestales de octubre de 2017, después de que el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hablase de una actividad “delictiva homicida” y llegase a plantear elevar el delito incendiario a la categoría de “terrorismo”. García Ortiz fue tajante al respecto tras el análisis de la Fiscalía y aseguró que no tenían “evidencias de la existencia de ninguna trama” incendiaria. Este informe fue llevado al Parlamento de Galicia en la comisión que investigó la ola de incendios de aquel otoño. 

Pero, además, durante el tiempo que estuvo al frente de la Unión Progresista de Fiscales, García Ortiz fue muy crítico con el entonces ministro del PP Rafael Catalá al reprobar las supuestas injerencias del Gobierno en la Fiscalía Anticorrupción. Incluso llegó a reclamar públicamente la dimisión del ministro de Justicia y del fiscal general del Estado, José Manuel Maza. “El fiscal general no puede ser un Rey Sol”, llegó a decir. García Ortiz exigió además reiteradamente la instauración de una delegación de fiscales Anticorrupción en Galicia y llegó a criticar la falta de “voluntad política” para hacerlo.

 Su presencia en Santiago a pocos meses de su nombramiento como número dos de fiscal del Estado en un acto del Laboratorio de Ideas que organiza el PSdeG desató la polémica. El PPdeG denunció entonces que su participación “ponía en duda la neutralidad del cargo y su independencia judicial”.