El expresidente andaluz José Antonio Griñán tiene un cáncer diagnosticado como de "alto riesgo" que necesita un tratamiento hospitalario urgente para frenar su expansión. El mismo Griñán ha confirmado este diagnóstico preguntado por El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, y ha comunicado que será su abogado, José María Calero, quien este mismo viernes acuda ante la Audiencia Provincial de Sevilla a exponer estas nuevas circunstancias y presentar toda la documentación pertinente ante su inminente ingreso en la cárcel.

Se da la circunstancia de que el tribunal comunicó este jueves a los condenados por malversación en la pieza política de los ERE que en 24 horas notificaría el auto de entrada en prisión contra el que no cabe recurso y ordena la entrada en la cárcel antes del 1 de enero. Su defensa entiende que las nuevas circunstancias obligarán a revisar su situación y prepara los escritos pertinentes.

El expresidente de la Junta de Andalucía, en conversación con este diario, se mostró sereno y tranquilo y aseguró que si tiene que entrar en la cárcel, "entrará". Se mostró asimismo convencido de que llegará hasta el final y podrá "demostrar" finalmente su "inocencia". La entrada en prisión es algo que, insiste, no le preocupa más que por su familia y que él mismo ya tiene "asumido".

Sin embargo, el informe médico, del que ha tenido conocimiento este periódico y que confirma su enfermedad, recalca con claridad la necesidad de comenzar un tratamiento combinado para combatir el cáncer que ha sido calificado como de “alto riesgo”.

Aun así, Griñán trata de demostrar optimismo. "La mejor noticia que he recibido en diez años la tuve ayer con la confirmación de que no tengo metástasis", comentó el expresidente durante su charla con este diario, sin entrar a hacer otras valoraciones sobre su salud.

El informe médico definitivo confirmó el diagnóstico de Griñán justo un día antes del auto que decretaba su entrada en prisión. A falta de alguna última prueba, el expresidente no tiene metástasis, pero necesita un "tratamiento urgente" para afrontar su enfermedad. Su familia conoció el resultado de la biopsia que acreditó el cáncer desde hace tan solo ocho días.

Griñán, en una foto de archivo.

Una "agonía"

Griñán no ha hecho ninguna declaración pública hasta la fecha y digiere como puede la situación en la que lleva ya más de diez años envuelto. Una “agonía”, en palabras de su círculo más cercano y con quien mantiene una relación más estrecha, limitada a su familia y algunos amigos íntimos. Su única preocupación, confirman sus amigos, es ahora mismo sus familiares más cercanos, "fundamentalmente su mujer y su hijo menor".

"Él está tranquilo dentro de todo lo que está pasando", agregan. Se encuentra sereno y asume la situación que tiene por delante, trasladan quienes conversan con el expresidente andaluz. “Se sentaron en el banquillo culpables antes del juicio y fueron condenados antes de conocer la sentencia”, lamentan fuentes próximas al expresidente andaluz.

La orden de entrada en prisión del expresidente andaluz coincidió con el momento en el que el Senado aprobó la reforma del Código Penal respecto a la supresión del delito de sedición y la rebaja de las penas por malversación. Una reforma pactada por el PSOE con ERC y que se ha elaborado a medida de los implicados en el procés en Cataluña.

El PSOE dejó claro desde el primer momento, también el Gobierno, que esa reforma no iba a afectar a los condenados en los ERE. Fuentes próximas al expresidente andaluz confirmaron entonces también que Griñán “jamás hubiera aceptado ser equiparado a los líderes independentistas catalanes”. “Pepe considera que él nunca malversó, por lo que no cabe ninguna comparación”, zanjan quienes conocen de primera mano su opinión al respecto.

Solicitud de indulto

Su abogado ha presentado un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo que aún debe resolverse. Igualmente, su familia formuló un escrito para pedir el indulto parcial, del delito de malversación, para el expresidente alegando “razones de humanidad y equidad”, esgrimiendo que es “un ciudadano de 76 años con una intachable trayectoria vital” y que “tras más de 40 años al servicio público desde las más altas responsabilidades, jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo como funcionario”, descartando cualquier “enriquecimiento personal ni familiar”.

La Audiencia de Sevilla desestimó los recursos y dictó un auto que ejecuta la pena de prisión con fecha del jueves y contra él no cabe recurso alguno. Se enviará este viernes y a partir de ese momento siete de los condenados en el caso ERE deben entrar en prisión en diez días naturales. La fecha expira el 1 de enero.

El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, así como el exviceconsejero Jesús Rodríguez y el exalto cargo de la Agencia IDEA Miguel Ángel Serrano deben entrar con tal premura en la cárcel. Solo el viceconsejero de Empleo Agustín Barberá está eximido de la entrada inmediata en la cárcel, aquejado de una grave enfermedad y a la espera de un informe médico forense.

El Supremo confirma las condenas a Griñán y Chaves

El Supremo confirma las condenas a Griñán y Chaves. Vídeo: AGENCIA ATLAS Foto: Agencias

Discrepancias en el Supremo

Los exdirigentes socialistas están condenados por el Supremo por haber repartido un fondo “ilegal, discrecional y arbitrario” de más de 680 millones de euros durante una década (2000-2009), sin observar los principios que deben regir las ayudas y subvenciones públicas, según la sentencia.

Más de 6.000 prejubilados, algunos siguen cobrando sus pagas, se beneficiaron de esos fondos que 'dopaban' expedientes de regulación de empleo de empresas en crisis. No hay lucro personal en ninguno de los casos, pero el Supremo confirmó que sí existió malversación por lucro a terceros.

Un voto particular del Supremo, firmado por dos magistradas, discrepó duramente de la sentencia y criticó que Griñán sea condenado por malversación en su calidad de exconsejero de Hacienda. Supone “un arriesgado salto en el vacío”, pues atribuye a los cinco acusados que eran ajenos a la Consejería de Empleo “un dolo eventual de difícil encaje en el delito de malversación, con respecto a un resultado fraudulento producido por terceros”.