El acuerdo al que llegaron los vocales del Consejo General del Poder Judicial para designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden en su turno—lo hicieron, además, por unanimidad, en un inaudito pacto de progresistas y conservadores que llevaba atascado meses— tiene consecuencias políticas de primer orden en mitad de la crisis institucional.

La primera: que el Gobierno deja ahora en barbecho la proposición de ley que pensaba registrar a toda prisa para recuperar las dos enmiendas que el Constitucional paralizó la semana pasada al ir unidas a una reforma del Código Penal con la que no guardaban conexión alguna. Esas enmiendas iban destinadas a acelerar los nombramientos en el tribunal de garantías y el desbloqueo por parte del CGPJ deja sin efecto ese objetivo. La segunda: neutraliza la ofensiva planeada por el primer partido de la oposición, convencido de que la decisión del TC “rompía de lleno” los planes de Pedro Sánchez de cerrar todas sus polémicas reformas (sedición, malversación y leyes orgánicas judiciales) antes de que acabara el año. 

De hecho y de una manera inesperada como se vio en distintos dirigentes populares, descolocados con el desenlace de la jornada, Sánchez ha conseguido cerrar también ‘in extremis’ el asunto en el tiempo y forma que tenía planeados en un inicio.

Como publicó este diario, el PP decidió no sacar pecho por su victoria jurídica en el Constitucional, limitándose a celebrar “el buen funcionamiento del Estado de derecho” y el golpe que indudablemente se llevó el Gobierno al ver congeladas las enmiendas en el Senado. Eso sí, el gran triunfo a ojos del partido de Alberto Núñez Feijóo pasaba por haber desbaratado la hoja de ruta del presidente y forzar que (como mínimo) el mes de enero estuviera dedicado de nuevo al debate sobre una nueva proposición de ley que rebajaba las mayorías necesarias para hacer los nombramientos, entre otras cuestiones.

Los populares ya dejaron claro que si la ley de PSOE y Unidas Podemos calcaba el contenido de las enmiendas, volverían a acudir al TC. Pero no solo eso: el partido tenía pensado seguir plantando batalla en Europa, convencido, además, de que los recientes toques de atención han jugado un papel clave en la rebaja de tono del Gobierno y la insistencia en esperar a conocer el auto completo del tribunal de garantías para registrar su proposición de ley y evitar nuevos sustos. Ahora, con este acuerdo del CGPJ, todo el tablero cambia: podría no haber ya ninguna proposición de ley. 

Lo que parece claro y también reconocen fuentes de la dirección nacional conservadora es que Sánchez se evita así “un desgaste sideral” que venía acumulando por la estrategia de su Gobierno y que parecía estar dispuesto a continuar. El partido de Feijóo estaba convencido de que podría haber llegado un nuevo tirón de orejas de Bruselas y no esconden que el desbloqueo del Poder Judicial para renovar el TC que también frustra la PL del Ejecutivo es en realidad un balón de oxígeno para Sánchez.

En Génova siguen pensando que la estrategia de Moncloa y especialmente la iniciativa de Félix Bolaños es un “nuevo fracaso” y se preguntan “para qué ha hecho todo este camino Sánchez”. Sobre todo, porque insisten en que el presidente “ha quedado retratado” al ver que los vocales del CGPJ “han cumplido con su parte” logrando un acuerdo. El Gobierno, sin embargo, considera que los jueces sólo han actuado como respuesta a la ley, que veían una amenaza. Y también en el PP consideran que el Poder Judicial ha dado una muestra de “resistencia” tumbando, con su acuerdo del martes, las pretensiones de Sánchez.

Pero más allá de las lecturas y de que públicamente tanto el Gobierno como el principal partido de la oposición celebren el desbloqueo y la capacidad del CGPJ de llegar a un acuerdo por unanimidad, el escenario que se presentaba en el mes de enero cambia radicalmente. Sobre todo, porque cuando se hagan efectivos los cuatro nombramientos (César Tolosa y María Luisa Segoviano por parte del TC, y el exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez en el turno del Ejecutivo) la mayoría progresista en el Constitucional será una realidad

Y porque el PP tendrá que repensar una estrategia para el arranque de curso y de año electoral. Hasta el mismo martes, horas antes de que se conociera el acuerdo del CGPJ, la número dos de la formación, Cuca Gamarra, seguía cargando duramente contra las pretensiones del Gobierno. El plan pasaba por desgastar a Sánchez con la nueva ley en la mano durante las semanas de enero.

En realidad, los últimos movimientos dentro del pleno del CGPJ apuntaban a que algo se movía. El cambio de estrategia del bloque conservador, al proponer a la magistrada Segoviano, una mujer que estuvo en la lista de los progresistas y que rompió el techo de cristal al presidir por primera vez una de las cinco salas del Tribunal Supremo, tenía todas las papeletas para contar con el consenso necesario. El hecho de que tanto Segoviano como Tolosa fueran propuestas del todo asumibles y que contaban con el apoyo mayoritario hicieron que los ocho vocales progresistas renunciaran finalmente a José Manuel Bandrés.