La consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía entre los años 2009 y 2013, Carmen Martínez-Aguayo, ha ingresado en la cárcel para cumplir la pena de seis años de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla por el caso de la pieza política de los ERE falsos, según ha informado a EFE Instituciones Penitenciarias.

Es la primera de los siete exaltos cargos socialistas condenados a prisión por el caso de los ERE que entra en prisión después de que el pasado 22 de diciembre la Audiencia desestimara los recursos de sus defensas y les requiriera, entre ellos al expresidente de la Junta José Antonio Griñán, para ingresar voluntariamente en prisión en un plazo de diez días

Martínez-Aguayo ingresó el miércoles 28 de diciembre en la cárcel de mujeres de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, según ha podido saber El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

La que fue consejera de Hacienda desde 2009 a 2013 llegó al Gobierno andaluz años antes, de la mano de José Antonio Griñán. Fue su viceconsejera en ese mismo departamento desde 2004 a 2009. Cuando el entonces consejero pasó a ser presidente de la Junta, ella se convirtió en la titular de la cartera. Formaba parte de ese grupo de políticos que llamaron 'los tecnócratas', alejados de la vida orgánica y del partido, que aterrizaron en el Ejecutivo autonómico con la vuelta de Griñán a la política andaluza. Estaba muy lejos de los despachos donde se gestó ese fondo de ayudas condenado por el Supremo, allá por el año 2000, pero sí que estuvo en la gestión presupuestaria de los últimos años investigados.

Martínez Aguayo es médico de profesión y volvió a su plaza en el Servicio Andaluz de Salud cuando se apartó de la política. Allí ha estado ejerciendo mientras que la maquinaria judicial estrechaba sus lazos sobre ella por los ERE. Fue ella misma quien se situó en el centro de la diana cuando asumió en primera persona que había sido la última destinataria de todos los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía que alertaban de un desfase presupuestario en la partida 31.L, con la que se financiaban los ERE en la Consejería de Empleo y que sumó más de 680 millones de euros en una década. Cuando la investigación cercaba a Griñán, que entonces ya era presidente de la Junta, la consejera de Hacienda reunió en un desayuno a un grupo de periodistas y aseguró que esos informes, que tenían como destinatario al entonces consejero de Hacienda, se habían quedado en ella, viceconsejera, como destinataria final. Trataba de salvar al presidente pero se hizo un harakiri en toda regla, como ha demostrado el paso del tiempo.

Los informes no encendieron las alarmas rojas por desfalco en el dinero público pero sí que alertaron en sucesivas ocasiones, hasta 15, que algo pasaba en Empleo con esa partida destinada a financiar las pólizas de los prejubilados andaluces de empresas en crisis.

Son siete los condenados que deben ingresar en prisión antes de que acabe el 1 de enero. El expresidente José Antonion Griñán sigue esperando la decisión de la Audiencia de Sevilla, que debe decidir si suspende su ingreso tras acreditar un cáncer de próstata que según los informes médicos no puede ser tratado en la cárcel. También está suspendida la entrada en prisión del exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, igualmente afectado de una grave enfermedad y a la espera de informe definitivo del médico forense designado por el juzgado. Deben entrar en prisión en los próximos días los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez y el exdirector general de la Agencia Idea Miguel Ángel Serrano. Todos formaron parte de la cúpula de los gobiernos socialistas en la primera década de los 2000.