El respiro que el polémico protocolo antiabortista de Castilla y León dio al Gobierno tras el anuncio del vicepresidente de la Junta (de Vox), y que también ha provocado una crisis en la coalición de la derecha, durará poco. Al menos es la pretensión que tiene el PP, que se prepara para redoblar su ofensiva contra la ley de ‘sólo sí es sí’ que ya acumula 200 casos de rebajas de condenas por agresiones sexuales. En Génova son conscientes de que el episodio castellanoleonés, devolviendo el debate del aborto a la primera línea y poniendo en duda los derechos de las mujeres, dio un balón de oxígeno a Pedro Sánchez.

Y por eso, explican fuentes de la dirección nacional, a partir de esta semana volverán a la carga con nuevas iniciativas y protestas a pie de calle. La primera fue el viernes en el ayuntamiento de Ferrol (A Coruña). Un centenar de personas, capitaneados por la secretaria general del PP gallego, Paula Prado, se concentraron en el consistorio después de conocer un nuevo beneficiado por la norma en esa comarca. Y según confirman a este diario, esas manifestaciones a las puertas de los ayuntamientos donde se produzcan rebajas de condenas se seguirán produciendo a lo largo de las próximas semanas.

“Si creían que con lo sucedido en Castilla y León tapaban lo que está ocurriendo se equivocan. Vamos a seguir con la denuncia de una ley que es el mayor retroceso para las mujeres y que encima el Gobierno se niega a rectificar”, afirma un dirigente de la cúpula conservadora. El propio Feijóo aseguró este domingo durante el acto de presentación oficial de los candidatos a las municipales que no aceptaría “lecciones” de feminismo ni de defensa de los derechos de las mujeres de un Gobierno que ha aprobado “la peor ley posible”. 

La semana pasada, el portavoz electoral del PP, Borja Sémper, ya advirtió de lo que la formación planeaba: “El PP no descarta promover movilizaciones porque hay mucha gente preocupada y enfadada. Ante la honda preocupación que nos genera esta situación, no descartamos que en aquellos lugares y municipios donde se estén produciendo rebajas condenas para violadores o para agresores sexuales o su puesta en libertad, el PP promueva movilizaciones de condena y de rechazo", advirtió. La decisión, sin embargo, está tomada. Y la crisis castellanoleonesa ha convencido a los populares todavía más en que hace falta “redoblar los esfuerzos”.

En Génova están convencidos de que el Ejecutivo central contaba con que la polémica no duraría tanto. La primera rebaja en las condenas se produjo en el mes de noviembre. Enero ya entra en su fase final y se trata de uno de los temas que más han desgastado a PSOE y Unidas Podemos, según admiten miembros del propio Consejo de Ministros, igual que la reforma del Código Penal. El último CIS, sin embargo, no preguntó por esta cuestión.

Moncloa decidió entrar al cuerpo a cuerpo con el presidente Alfonso Fernández Mañueco ante la crisis desatada en su comunidad. Lo cierto es que el líder popular en esa comunidad tardó cinco días en desautorizar con total rotundidad a su vicepresidente, Juan García-Gallardo, después de que éste detallara un supuesto protocolo en una rueda de prensa después del consejo de Gobierno en el que se refería a medidas para aquellas mujeres que decidían interrumpir su embarazo. Lo que dijo el Gobierno de Castilla y León después es que se trataba de un nuevo paquete de prestaciones para todas las mujeres embarazadas y no para las que quieren abortar. Y además el protocolo nunca apareció en un papel por escrito

Aún así el Gobierno envió un requerimiento formal a la Junta (paso previo antes de acudir al Constitucional) que, después, terminó dando por solventado al escuchar a Mañueco insistir en que no se actualizará ningún protocolo. En el PP aseguraban que Vox “le metió un gol” al presidente castellanoleonés, que ha terminado enfrentado con el Ejecutivo de Sánchez al mismo nivel que lo ha hecho en otras ocasiones Isabel Díaz Ayuso.