Juan Manuel Moreno es el primer presidente de la Junta de Andalucía malagueño y podría convertirse en el que otorgue a Sevilla el reconocimiento de su capitalidad por ley. Quien no conozca el duro enfrentamiento que existe entre Sevilla y Málaga o el complicado equilibrio territorial en Andalucía, la comunidad más extensa de España con 8,5 millones de habitantes y una realidad heterogénea de punta a punta que alimenta la rivalidad, no comprenderá que en esa afirmación hay un oxímoron de libro. ¿Un presidente malagueño dando privilegios a Sevilla?

Eso promueve el alcalde sevillano Antonio Muñoz (PSOE), que no habla de privilegios sino de un reconocimiento por ley de lo que corresponde a la capital y que ha conseguido ya más que ninguno de sus antecesores: sentar en la misma mesa a Ayuntamiento, Junta y Estado para abordar esa ley de capitalidad. Ocurrió este jueves. Muñoz siempre que habla de la capitalidad introduce la misma coletilla: “Esto no va contra ninguna otra ciudad de Andalucía”.

Sirve de poco la cautela. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torres (PP), no ha reaccionado a esa foto reciente pero ya lo hizo cuando su homólogo hispalense rescató, hace un año, ese proyecto del cajón: “No hay ninguna razón” y “no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza”. Málaga, que además vive ahora mismo un momento de apogeo, convertida en el escaparate de moda en Andalucía, siempre ha defendido que es la capital económica de Andalucía y desciende a Sevilla a mera capital política y administrativa. Básicamente a sede de los organismos oficiales y los funcionarios. Ningún Gobierno andaluz ha atendido esa reivindicación de una ley de capitalidad que tiene ya más de dos décadas.

Nadie da un duro

Preguntados aleatoriamente varios diputados andaluces de los distintos grupos políticos sobre si creen posible que en esta legislatura, que llega hasta 2026, la Cámara autonómica apruebe una ley que fije la singularidad de Sevilla como capital de Andalucía, otorgándole derecho a una financiación adicional y a competencias añadidas frente a otras grandes ciudades, solo uno de diez ha respondido de forma afirmativa. Gana el no en todos los partidos políticos. “A bote pronto no veo que el Gobierno se vaya a meter en ese berenjenal. Sería torpe abrir ese melón. ¿Qué ganan?”. “Creo que no. ¿Para qué abrir otro frente innecesario?”. “¿Con lo malagueño que es el PP? Lo veo complicado”. Son tres respuestas que resumen el sentir general más allá de que desplieguen argumentos políticos a favor o en contra de dar ese paso. La conclusión es que es una ley con un coste político muy elevado que alimenta la guerra entre provincias. Todos los gobiernos hasta la fecha han ido dándole patadas hacia delante a ese balón. Solo un diputado, del PSOE, admite que el actual es el único escenario en el que eso es viable: con un alcalde socialista de Sevilla y un presidente de la Junta del PP de Málaga.

El reconocimiento de Sevilla como capital de Andalucía ha sido siempre una bomba política cargada de explosivo. Ni siquiera en el primer Estatuto de Autonomía sus autores fueron capaces de fijar Sevilla como capital. Se confió su reconocimiento a una ley posterior, recogiendo que lo decidiría el Parlamento al constituirse. La reforma estatutaria, que alumbró un nuevo texto en 2017, fijó algo tan sencillo como esto: “La capital de Andalucía es la ciudad de Sevilla”. Había costado casi cuatro décadas de autonomía formular ese reconocimiento en el Estatuto. Las denuncias de centralismo y de agravio de otras capitales siempre han complicado una comunidad con difíciles equilibrios internos en su construcción.

Alcaldes vs Junta

En varios momentos los alcaldes de la ciudad se han puesto al frente de la reivindicación de una ley de capitalidad. Lo hizo el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, en 2001, y lo cambió por una ley de grandes ciudades en cuanto la Junta de Andalucía, entonces capitaneada por el socialista Manuel Chaves, le pidió que cambiara de propuesta para no levantar ampollas en otros territorios. Una forma sutil de admitir que el PSOE no se podía permitir ese órdago a Málaga, el territorio histórico andaluz donde el PP, junto a Almería, siempre ha sido más fuerte. Después, 2012, lo volvió a intentar otro alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), que se lo reclamó a otro presidente socialista en Andalucía, José Antonio Griñán, que ni siquiera tuvo que pronunciarse porque fue el propio PP quien le ordenó enterrar de inmediato ese proyecto. La hemeroteca deja constancia de las peleas de Zoido y De la Torre por la capitalidad.

En España hay dos ciudades, Madrid y Barcelona, que tienen reconocimiento de capitalidad por una ley estatal. La capital catalana lo consiguió en 2006, como Madrid. En el primer caso el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge que Barcelona tendrá derecho a una financiación especial, reconociendo “la cesión y/o participación del consistorio barcelonés en los tributos del Estado, reconociendo el hecho metropolitano de la ciudad en cuestiones de movilidad, transporte público y costes de cogestión”. Para Madrid se fía a un desarrollo normativo posterior. Antes, Palma de Mallorca consiguió también su ley de capitalidad, también en 2006, con un reconocimiento a que se le daría “la financiación adecuada”, como Santiago de Compostela, que logró ese rango en 2002 de forma todavía más clara: “La condición de capital de Galicia de la ciudad de Santiago de Compostela, tendrá un apartado específico en los presupuestos de la Comunidad Autónoma”. También por leyes autonómicas tienen reconocimiento específico de capitalidad Pamplona, Mérida y Zaragoza.

Valencia como Sevilla

En la Comunidad Valenciana el asunto está ya tan manido como en Andalucía. La ley de capitalidad nunca llega pese a que es un proyecto que tiene origen en los años 50. El alcalde valenciano Joan Ribó y el presidente de la Generalitat Ximo Puig se comprometieron el pasado octubre a darle un nuevo impulso tras muchos incumplimientos reiterados. Está a la espera.

El pasado jueves, Sevilla dio el paso más importante que nunca había dado en esta materia. Sentó a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez (PSOE), y al consejero de la Presidencia, Antonio Sanz (PP), a la misma mesa para abordar la capitalidad de Sevilla e incluso cuentan que fue una reunión constructiva y con “buen rollo”. La primera respuesta de la Junta, cuando el alcalde Antonio Muñoz planteó hace un año la ley de capitalidad, fue el no. Rotundo. Después, Muñoz recibió al presidente de la Junta en el consistorio y Moreno dijo que iba a pensárselo, aflojó el discurso de oposición y abrió la mano a empezar a trabajar. Así ha sido. Se ha encargado un informe jurídico que fije el alcance de la singularidad de Sevilla y justifique ese reconocimiento. Siempre se ha dicho que la capital ha recibido más inversiones que el resto de ciudades andaluzas y hay que desmontarlo con datos en la mano porque, dice el ayuntamiento, “hace años que esto no es así”, convencidos que "desde la Expo del 92 la ciudad ha sido discriminada"

Parón por las municipales

Los trabajos pararán en marzo y se retomarán en julio, con el paréntesis de las elecciones municipales de mayo. La capital andaluza es clave para PSOE y PP. Sevilla ha logrado una mesa bilateral a tres bandas, con Estado y Junta, ha puesto sobre la mesa dos asuntos: la transformación de las zonas más desfavorecidas de la ciudad, con el ranking de que tres de los cuatro barrios más pobres de España son sevillanos, y la movilidad. La ciudad defiende que suma con el área metropolitana un total de 1,5 millones de habitantes, que vienen en su mayoría a trabajar a Sevilla, y reclama más infraestructuras y transportes públicos, con un importante déficit respecto a otras áreas urbanas de ese mismo tamaño. Hay una sola línea de metro, dos aún en proyecto. “Nadie quiere que esto salga ya, asumimos el año electoral, pero por primera vez estamos trabajando”, confían desde el consistorio hispalense.