Dos meses después de la catástrofe del Prestige, el 24 de enero
de 2003, el entonces alcalde socialista Francisco Vázquez cede el Ayuntamiento al Gobierno de Aznar para celebrar un consejo de ministros. Es una decisión polémica por la gran contestación existente en las calles a la gestión de la crisis medioambiental por el Ejecutivo y obliga a brindar María Pita, que poco antes había acogido a una de las manifestaciones más numerosas en la historia de la ciudad: 75.000 personas.
La entente entre Vázquez, Aznar y su ministro de Fomento, Álvarez Cascos, era un quid pro quo. A cambio de la acogida coruñesa al Gobierno del PP en plena tormenta política, el alcalde encuentra receptividad a un proyecto que acaricia desde finales de los 90: trasladar la actividad portuaria al exterior y liberar los muelles interiores para una gran operación inmobiliaria.
La marea negra le brinda la oportunidad: construir un puerto refugio a diez kilómetros de la ciudad al que poder llevar en el futuro petroleros en apuros. El nacimiento de Langosteira, aprobado en ese consejo de ministros, cosechará en los meses siguientes críticas de expertos por su ubicación en una zona de mar muy batido, a las que Cascos hará oídos sordos. La necesidad admitida años después de construir un contradique para frenar la violencia del oleaje vino a confirmar lo razonable de aquellas objeciones.
La construcción del puerto exterior se adjudicó con una fórmula en la que la Autoridad Portuaria se compromete a financiar el 30% del coste con la venta de los muelles interiores. El problema es que el presupuesto inicial de 429 millones se ha duplicado prácticamente con un sobrecoste que no ha parado de crecer. Como consecuencia, el Puerto afronta una deuda de 297 millones por los créditos que ha tenido que pedir para hacer frente al aumento imprevisto del gasto.
La operación inmobiliaria propuesta por Vázquez como solución quedó paralizada por la crisis del ladrillo y su estimación inicial de que los muelles podrían aportar 200 millones deberá ser revisada seguramente a la baja. Debido al enorme sobrecoste, la venta de los terrenos ya no garantizan la financiación de Langosteira. En 2012, un acuerdo del Puerto anunciado por la Xunta y el Gobierno con la petrolera mexicana Pemex y la china Beijing 3E preveía la inversión de 270 millones en la dársena exterior, pero estas partidas siguen sin confirmarse. La Autoridad Portuaria asegura que Pemex renovó este agosto pasado su licencia y que continúan las negociaciones con Beijing.
Repsol trasladará a Langosteira antes de 2018 el 60% de sus actividades en el puerto interior, por lo que recibirá una compensación de 24 millones. Una de las principales asignaturas pendientes de la dársena exterior es la conexión por tren, tasada en 130 millones, de los que Fomento ha comprometido de momento dos para el estudio.
El alcalde, Xulio Ferreiro, y la ministra de Fomento, Ana Pastor, han abierto negociaciones para consensuar una venta de los muelles que no perjudique los intereses generales de la ciudad y el enorme potencial turístico y de disfrute de la zona, en las que se parte ya de una propuesta de rebaja de la densidad inmobiliaria prevista.
La negra sombra
Precedida de un aciago temporal en el que dos coruñesas mueren al caer sobre su casa en la calle Real una enorme grúa apostada en el teatro Rosalía, una colosal catástrofe se cierne sobre Galicia. El 19 de noviembre de 2002, tras seis días a las deriva frente a Fisterra, el Prestige, un destartalado petrolero de 26 años se parte en dos y se hunde con 77.000 toneladas de fuel a bordo, provocando un inmenso vertido que anegó la costa de Galicia, especialmente la de A Costa de Morte, rebautizada por los medios como la Zona Cero, y afectó a más de 2.000 kilómetros de litoral, desde Portugal hasta Francia.
El suceso desencadenó la mayor respuesta solidaria de la sociedad civil en España frente a una catástrofe medioambiental, con miles de voluntarios de todo el país que se trasladaron a Galicia para ayudar a limpiar a mano el crudo esparcido por playas y rocas de la costa.
El desastre medioambiental destapó la impunidad con la que operan los armadores de buques con banderas de conveniencia y provocó un encendido debate sobre la gestión de la crisis, en especial la controvertida decisión de mantener al petrolero seis días a la deriva perdiendo fuel, sin llevarlo a un puerto refugio, que muy probablemente hubiese sido
A Coruña. Quedó para la hemeroteca anecdótica la frase de Rajoy, entonces vicepresidente, en la que quita hierro a los primeros vertidos de fuel del buque, que define como "pequeños hilillos con aspecto de plastilina".
Once años después de la tragedia, tras una compleja instrucción que dilató una década el inicio del juicio hasta 2012, la Audiencia Provincial de A Coruña absolvió en noviembre de 2013 a los principales acusados de los delitos relacionados con el desastre ecológico, lo que complica la reclamación de 4.300 millones por los daños de la marea negra. La Fiscalía, la Xunta y el colectivo Nunca Máis, entre otros, han recurrido la sentencia en el Tribunal Supremo.
