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La Opinión de A Coruña

Revelación de imágenes íntimas

Sexting en España: un delito en auge y de difícil control

Pese a que cada vez se registran más casos de 'pornovenganza', la Policía reconoce que se trata de hechos poco denunciados por las víctimas, que suelen sufrir una grave humillación

Una mujer chatea con su teléfono móvil. LOC

Las Fuerzas de Seguridad del Estado incluyen en el cada vez más ancho saco de la ciberdelincuencia el delito del sexting, la difusión no consentida de imágenes sexuales de personas que en su momento se dejaron grabar o fotografiar, y que después son objeto de coacción, extorsión o humillación masiva. Se considera un fenómeno creciente, muy ruidoso cuando la víctima es popular, y terrible por sus efectos devastadores sobre la vida de los afectados, «pero que está lejos todavía en volumen de las estafas por internet, que es lo que nos ocupa más», explican en la Policía Nacional.

Este fenómeno es el tema central de la serie Intimidad, de Netflix. La obra narra la vida de la política independiente Malen Zubiri, quien ve peligrar su carrera por la publicación de un vídeo en el que mantiene relaciones sexuales en una playa francesa.

La Policía Nacional, como en la serie, tiene una unidad Central de Ciberdelincuencia, en la que la Brigada de Investigación Tecnológica sigue las denuncias por este delito. La Guardia Civil cuenta con los equipos Arroba, esparcidos por todas las comandancias, y el Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa. Y en ambos cuerpos coinciden en sospechar, como principal característica del sexting en España, que hay un importante caudal de hechos no denunciados, «la cifra negra» -dice un portavoz policial-, víctimas en barrios y pueblos que, «por vergüenza más que miedo», no cuentan que alguien ha difundido sus fotos secretas. Desde luego, psicológicamente es más sencillo denunciar una estafa online que decirse objetivo de lo que los agentes, traduciendo otro término anglosajón, llaman «pornovenganza».

'Intimidad’ se ha convertido en la serie más vista de Netflix en España. Itziar Ituño da vida a la política Malen Zubiri. Como Santi Millán, es víctima de la filtración de un vídeo sexual.

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También coinciden en señalar que el retrato robot de la víctima de este tráfico de secretos personales no es el de un famoso, sino el de una joven vecina de una localidad pequeña o mediana. En los no pocos casos en que la víctima es adolescente -o sea, menor- el delito se agrava considerablemente y se dobla la pena: el difusor del vídeo o las fotos -y quienes las redistribuyen- pisan el terreno de la pornografía infantil y el delito de embaucamiento.

Quien difundió el vídeo sexual de Santi Millán se enfrenta hasta a un año de prisión

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Desde 2013, sucesivas memorias de la Fiscalía vienen advirtiendo de la «proliferación» –el término es de hace nueve años- de casos de sexting. La Secretaría de Estado de Seguridad no ha emitido ninguna instrucción específica para extremar la vigilancia sobre esta forma de ataque a derechos fundamentales. «Nuestra circular es el Código Penal», resume la fuente policial. Y en ese texto legal entró el sexting desde la reforma de 2015, integrado en el capítulo de la revelación de secretos. Quien comenzó a difundir el vídeo sexual de Santi Millán, si lo obtuvo con consentimiento del protagonista, se enfrenta a una pena de tres meses a un año de prisión, según establece el artículo 197.

Hubo tiempos en los que las incipientes patrullas policiales en internet y redes sociales tenían muy difícil sus pesquisas. Fue muy arduo el intento, en 2009, de encontrar al iniciador de una cadena maliciosa de mensajes reenviados que relacionaban los supermercados Eroski con ETA. La investigación se interrumpió, tras un inacabable recorrido, no en alguien de la competencia, sino en un muchacho de La Rioja.

Para esclarecer la autoría del ataque a la intimidad del actor Santi Millán -un vídeo de una infidelidad suya circula masivamentese podría contar, ahora sí y no antes, con la colaboración de las plataformas tecnológicas. Si formaliza denuncia ante la Policía, los agentes tratarán de recorrer la cadena de mensajes y post hacia atrás. De momento no hay método más concienzudo, ni menos trabajoso. Whatsapp, la vía más común de difusión de este tipo de material gráfico lesivo, se da un plazo de 30 días para eliminar mensajes no entregados, y de 90 días si los datos que le piden las fuerzas policiales están ligados a una investigación penal, si es que el juez no pide una prórroga.

Vergüenza mortal

Una expresión de frecuente aparición en los sumarios judiciales sobre sexting cerró en falso uno de los casos más graves en España: con un «autor desconocido» se paró la acción de la Justicia en la agresión a la intimidad y suicidio de una empleada de Iveco en Alcalá de Henares (Madrid), de 32 años, madre de dos niños. Alguien difundió entre cientos de compañeros de trabajo unos pedazos de un vídeo sexual que ella se había grabado años antes para un antiguo novio y también miembro de la plantilla. En la primavera de 2019 recorrieron el whatsapp de la plantilla de Iveco, uno a uno o por grupos de chat. La víctima aguantó la humillación cinco días: al quinto se quitó la vida.

En este caso sí que hubo denuncia, y una queja de la víctima a la empresa. Como en otro ataque conocido, el de los jugadores del Éibar, un corolario de comentarios machistas, diatribas y humillaciones estaba completando la agresión principal.

Como en otros casos, la Policía no solo tuvo ante sí la dificultad de encontrar el origen de la cadena. Igualmente difícil es limpiar los eslabones sueltos, las copias de vídeo que queden por ahí. Y eso, más que de las fuerzas de seguridad, depende a veces del celo de las empresas de mensajería telefónica y redes sociales. En el caso de Alcalá de Henares, habría bastado con algo más de generosidad por parte de los compañeros de trabajo.

La ley del ‘solo sí es sí’ multará a los que reenvían

Las condenas por sexting, impuestas hasta ahora pueden contarse casi con los dedos de una mano. En gran parte, como explican en la Policía Nacional, porque la inmensa mayoría de los casos no se denuncian. La investigadora de la Universidad de Sevilla, Mónica Ojeda, lo atribuye a que «la sexualidad sigue siendo un tema tabú.

Parece que la vergüenza que siente la víctima ante su entorno tiene mucho que ver con esto». Las cosas pueden cambiar también con la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley de solo sí es sí, que castigará a quienes reenvíen ese material con multas de uno a tres meses. // Juan Ruiz Sierra.

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