La Xunta invirtió 29 millones de euros en ayudas a 227 ayuntamientos para que adapten su PGOM

Asimismo, el departamento que dirige María José Caride emitió casi 300 informes urbanísticas el año pasado, de los que 10 aprobaron de forma definitiva el PGOM de otros tantos ayuntamientos. En concreto, los de Arzúa --en la provincia de A Coruña--, Castroverde y Rábade --en Lugo--, Laza, Taboadela, Melón, Paderne de Allariz, Castrelo do Val y Vilardevós --en Ourense-- y Vigo.

Según explicó la consellería, la Ley del Suelo de 2002 "obligaba" a los ayuntamientos a adaptar su plan a la citada normativa antes del 1 de enero de 2006, "a pesar de lo cual sólo 31 realizaron dicho trabajo".

Por ello, con el objetivo de que "las limitaciones económicas" de las administraciones locales "no supusieran un impedimento para elaborar su plan", el Ejecutivo gallego habilitó una línea de subvenciones, de las que ya se comprometieron 29,1 millones de euros en ayudas a 227 ayuntamientos.

Por otra parte, otra de las actuaciones en materia de ordenación urbanística consistió en la puesta en marcha de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, cuyo cometido es "velar por la utilización racional del suelo" y 35 corporaciones locales se adhirieron a ella.

41.000 EXPLOTACIONES

Además, la gestión urbanística del año pasado incluyó el reconocimiento de 41.000 explotaciones agropecuarias. Así, más de 40.000 propietarios gallegos "podrán realizar obras de conservación, reforma y ampliación" en sus explotaciones.

Por último, la modificación de la Ley del Suelo supuso la "simplificación" del procedimiento de regularización de las explotaciones, "que los ayuntamientos puedan otorgar directamente" las licencias municipales y, "como novedad", la extensión de dicho proceder a los serraderos.