El presidente de Sogama es el encargado legal de que no haya vertidos al río

La planta que Sogama tiene en Cerceda y, en concreto, el vertedero de Areosa, donde se acumulan miles de toneladas de basura que no pueden ser tratadas en las instalaciones, están en el punto de mira por la contaminación ilegal que generan y por las supuestas irregularidades en la gestión de la sociedad pública. Y en el centro de la diana está el presidente de la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama), José Álvarez Díaz, responsable legal de que el complejo de Cerceda acate todas las exigencias medioambientales. En concreto, Díaz fue designado como el último responsable del cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), un certificado que deben tener todas las empresas y entidades que trabajan con material contaminante y que establece niveles máximos de toxicidad, garantizando la salubridad de las actividades conforme a la Lei de Prevención e Control Integrados da Contaminación.

Pese a que la ley entró en vigor en 2002, Sogama no tramitó la AAI hasta abril de 2008, cuando la solicitó ante la Consellería de Medio Ambiente. Antes de conceder la autorización para las actividades de Sogama, el departamento que dirige el socialista Manuel Vázquez pidió a la entidad pública que concretase algunas cuestiones que no había detallado en su solicitud y que son imprescindibles para contar con una AAI. Entre otras cosas, la Xunta demandó a Sogama que designase a un responsable del cumplimento de la AAI. En su respuesta, el consejero delegado de Sogama -el representante de Fenosa, propietaria del 49% de Sogama-, que por entonces era Francisco Bustío, señaló a José Álvarez Díaz, presidente de la sociedad pública, como "responsable del cumplimiento de la resolución de la AAI", según consta en el escrito oficial al que tuvo acceso este diario. Así, Díaz es el responsable de que Sogama y sus instalaciones sean gestionados de forma legal, lo que no incluye los vertidos tóxicos que, según las denuncias de vecinos y ecologistas de la zona, salen del basurero de Areosa y contaminan el río Lengüelle.

Investigación judicial

La polución del río, que en octubre causó la muerte de más de mil truchas y que según varios informes es "continuada", está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña, que abrió diligencias por un presunto delito medioambiental. Al menos un técnico de Sogama y siete operarios de la empresa concesionaria que gestiona el vertedero, Danigal, están imputados en el caso, cuyas pesquisas dirige el Servizo de Protección da Natureza (Seprona). Varios agentes de este cuerpo visitaron el pasado lunes 29 las instalaciones de Sogama en Cerceda para llevarse numerosa documentación y archivos sobre los vertidos y también en relación con una supuesta trama de tráfico de influencias denunciada por un grupo de altos cargos de la entidad. En un escrito presentado el 12 de noviembre ante la Consellería de Economía, cuatro directivos de Sogama denunciaron que Díaz ha cometido "graves irregularidades" en la adjudicación de contratos, como la concesión a la empresa Cespa por 19 millones de euros de los trabajos de automatización del reciclaje de envase, contra el criterio del equipo técnico de Sogama y tras haber encargado a la Universidade de Vigo un informe "ad hoc" a favor de la oferta de Cespa, pese a ser más cara.