La Xunta legalizó más de 40.000 explotaciones gallegas en 2008

Más de 40.000 explotaciones agropecuarias gallegas legalizaron el año pasado su situación urbanística, un reconocimiento que permitirá a sus propietarios realizar obras de conservación, reforma y ampliación después de obtener la correspondiente licencia municipal. Así lo confirmó ayer la Consellería de Política Territorial que, en un comunicado, recuerda que a lo largo de 2008 se resolvieron más de 41.000 expedientes de reconocimiento de explotaciones agropecuarias, de los que 38.000 fueron tramitados en los tres últimos años por el Gobierno bipartito y 3.000 por el ejecutivo anterior.

La Lei do Solo aprobada en diciembre de 2002 abrió la puerta al reconocimiento legal de las miles de granjas tradicionales que se encontraban en Galicia en situación irregular al haber sido construidas sin la correspondiente licencia municipal. Desde entonces, y gracias a la reciente modificación de dicha ley, que supuso la "simplificación" del procedimiento para regularizar la situación administrativa de estas explotaciones, ya son más de 40.000 los propietarios agrarios que han legalizado sus explotaciones, un reconocimiento que les permitirá realizar obras o ampliaciones en sus propiedades así como acceder a las distintas líneas de ayuda para modernizar sus granjas.

Asimismo, la Consellería de Política Territorial recuerda que gracias a la modificación de la Lei do Solo impulsada el año pasado, los ayuntamientos "pueden otorgar directamente" las licencias a este tipo de explotaciones sin necesidad de que antes la Administración automómica les otorgue un reconocimiento expreso y, "como novedad", se extiende también este procedimiento de legalización a los aserraderos.

En el balance de sus actuaciones en materia urbanística, el departamento que dirige María José Caride destaca, además, que invirtió más de 29 millones de euros en 2008 en ayudas a 227 ayuntamientos para que adapten su Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) a la Lei do Solo de 2002.

Política Territorial emitió casi 300 informes urbanísticos el año pasado, 10 de ellos para aprobar de forma definitiva el PGOM de otros tantos ayuntamientos. En concreto, los de Arzúa -en la provincia de A Coruña-, Castroverde y Rábade -en Lugo-, Laza, Taboadela, Melón, Paderne de Allariz, Castrelo do Val y Vilardevós -en Ourense- y Vigo. Según explicó la consellería, la ley "obligaba" a los municipios a adaptar sus planes antes del 1 de enero de 2006, "a pesar de lo que sólo 31" lo hicieron. Por ello, con el objetivo de que "las limitaciones económicas" de las administraciones locales "no supusieran un impedimento para elaborar su plan", el Ejecutivo gallego habilitó una línea de subvenciones.

Además, también puso en marcha la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística.