La falta de acuerdo con el sector obliga a retrasar la legalización de pesqueros

El proceso de regularización de pesqueros iniciado por el Gobierno va camino de eternizarse mucho más allá del plazo máximo de dos años que el Ministerio de Fomento se impuso en la ley 9/2007 de 22 de junio, aprobada para regular la actualización del censo de la Flota Pesquera Operativa.

La burocracia asociada al proceso y el temor del sector a que la Administración castigue con multas o con la supresión de la licencia de pesca las numerosas irregularidades de la flota gallega amenaza con paralizar el proceso, que afecta a unas 2.300 embarcaciones de la comunidad autónoma. La ley que regula el proceso entró en vigor el 23 de junio de 2007, cuando el Ministerio de Fomento abrió un plazo de cuatro meses para que los armadores y empresas pesqueras solicitasen iniciar el proceso.

Los armadores de un total de 2.300 embarcaciones reconocieron con sus solicitudes el empleo de barcos con dimensiones distintas a las que constaban en la documentación oficial, con cascos de materiales distintos a los que tenían legalizados e incluso el empleo de motores que doblan la potencia permitida en el motor principal.

El sector, que recibió el proceso con recelo desde el principio, reconoce ahora que teme que los esfuerzos de los armadores sean en balde y exigen un compromiso de la Administración de que les permitirá continuar con la actividad después de que reconozcan las anomalías y las subsanen.

El presidente de la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores, Evaristo Lareo, explica que los pósitos de Pontevedra han decidido paralizar el proceso a la espera de que la Consellería de Pesca y el Ministerio de Fomento les den más garantías. "Los armadores están gastando entre 800 y 5.000 euros en proyectos de obra y quieren que se aclare si serán suficientes para regularizar o no", expone Lareo, quien pone como ejemplo el caso de los motores fuera borda: "La ley marca que el motor principal no puede tener más de 25 caballos, pero hay embarcaciones pequeñas o de mariscadores que tienen un fuera borda de 50 o más como método de seguridad. No es el motor principal y no implica que el barco tenga más capacidad de pesca, pero los armadores quieren saber si le van a permitir seguir con la actividad una vez que lo declare", expone. Los pescadores esperarán a una nueva reunión entre el sector y las administraciones implicadas para decidir si siguen adelante.

Pero la regularización de pesqueros se enfrenta a otro problema. Y es que el aluvión de proyectos de reforma ya desborda la capacidad de trabajo de los astilleros y varaderos en funcionamiento que, según la federación de cofradías hará imposible cumplir los plazos previstos. Marina Mercante da por hecho que tendrá que saltárselos y anuncia generosidad con el sector.