La CIG alerta del "esclavismo" de los indonesios enrolados en Galicia

El secretario nacional del sindicato CIG Mar, Xabier Aboi, responsabilizó ayer a las consellerías de Pesca y Traballo, a la Inspección del Ministerio de Trabajo y a la Fiscalía de "complicidad" ante la situación irregular de los marineros indonesios enrolados en buques gallegos de altura y gran altura, de los que aseguró que trabajan en condiciones de "esclavismo".

El portavoz de la central nacionalista reiteró las acusaciones vertidas el 15 de diciembre sobre la contratación "irregular" de tripulantes de países asiáticos en origen por parte de empresas intermediarias, entre las que volvió a citar a la sociedades Spain Total Quality, con sede en Vigo, y Shipping Oriental Services (Shipopesca), con sede en Xove (Lugo), así como a Crewnova, asentada también en Vigo.

No obstante, precisó que estas compañías "no son responsables", al limitar su función a un intento de hacer "negocio en base a carne humana", y, por el contrario, cargó contra las administraciones gallega y estatal.

Aboi reprochó al jefe de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social de A Coruña que se ciñese a remitir a las inspecciones provinciales la documentación incorporada junto a la denuncia de CIG Mar, tal y como se le comunicó al sindicato el 29 de diciembre.

En la misma línea, solicitó "dignidad" al titular gallego de Traballo, Ricardo Varela, apelando a su pasado como sindicalista y le pidió que cumpliese las "órdenes" transmitidas por el presidente gallego en un reciente acto ante diversos colectivos de inmigrantes en A Coruña.

Asimismo consideró que la conselleira de Pesca, Carmen Gallego, tendría que "ser cesada" por no haber abordado el tema ni convocado "inmediatamente" la comisión social del Consello Galego da Pesca. Aboi cargó, además, contra la Fiscalía, de la que aseguró que "debe estar muy ocupada" al no actuar en este asunto.

El portavoz de CIG Mar presentó además una nueva copia de un modelo de contrato, suscrito por la empresa viguesa Crewnova, que, a su juicio, "desmonta lo que algunos quisieron callar". "Y hay más papeles", advirtió.

En el documento que leyó Aboi, fechado el 9 de septiembre del año pasado, se acordaba una relación laboral por 18 meses de duración, a cambio de 300 dólares mensuales -225,6 euros- y sin derecho a Seguridad Social. "No es el salario mínimo que decían todos", encaró tras recordar que éste supera los 600 euros y matizar que no incluye prorrateo de las pagas, descansos ni el pago de las vacaciones.

El tripulante deberá cubrir las horas de trabajo "que marque el capitán", continuó leyendo, para añadir que el asalariado no cobrará hasta superar tres meses de prueba, periodo en el que será el armador quien "guarde" ese dinero, que se ingresará en la cuenta bancaria del marinero "al final del contrato".

Respuesta de la empresa

Uno de los socios fundadores de la empresa viguesa Crewnova, Fernando Matilla, aseguró ayer a Europa Press que los únicos contratos suscritos por su compañía son los que suscribe con los armadores a los que ofrece un servicio de "selección de personal" en países entre los que figura Indonesia y negó que ninguno de sus trabajadores cobre por debajo del salario mínimo interprofesional.

"Garantizo que todos los tripulantes de barcos que hay en España, tanto de bandera española como extranjera, están cobrando lo mismo que un trabajador de aquí", afirmó Matilla, y reiteró que no existe "ni un solo tripulante" contratado por la empresa que "no cobre el salario mínimo interprofesional".