Que la justicia emane del pueblo

El conflicto de los jueces, querida Laila, inquieta y perturba pero también facilita un debate que, si se afronta con sensatez, puede servir para abordar la tarea pendiente de reformar la Justicia, ajustándola a las pautas de una democracia más avanzada y madura.

La población percibe el mal funcionamiento de la Justicia con nitidez. Según las encuestas, la Administración de Justicia es el servicio público peor valorado, aunque nadie dude de que sea esencial para la convivencia y para el propio sistema democrático. Asunto delicado que necesita, sobre todo, reflexión.

Para empezar, debiéramos convenir en que cada juez o magistrado no es por sí mismo, como se dice, poder judicial o poder del Estado, sino que son simplemente funcionarios para ejercer una potestad jurisdiccional, que sí debe salvaguardarse con todas las garantías que aseguren su independencia. Para que fuesen poder judicial tendrían que ser elegidos por un tiempo y no acceder al cargo por una oposición y de por vida. Únicamente son poder del Estado los miembros del Consejo General del Poder Judicial, elegidos por el Parlamento para un periodo de cinco años, precisamente para gobernar a los jueces. Si esto es así, los jueces tienen el mismo derecho a ir a la huelga que cualquier otro funcionario, con las normas y cautelas necesarias. Otra cosa es que la huelga sea legítima y oportuna en cada caso.

Pero lo que sucede aquí es que los jueces, considerándose a sí mismos un poder del Estado, pretenden al mismo tiempo hacer una huelga como si fuesen meros funcionarios y esto sí que es inadmisible. Porque una hipotética huelga de un poder del Estado no es otra cosa que una crisis de ese Estado y los jueces no ocultan que con este cristo van contra el Ejecutivo y el Legislativo. Por eso el ciudadano percibe la huelga como una insurrección o sedición y no como una movilización laboral. Si además el conflicto se liga al nefasto caso Tirado, la gente entiende esta huelga también como una batalla crudamente corporativa, que trata de preservar los privilegios de una casta, que no se satisface con la necesaria y reconocida independencia en su acción jurisdiccional, sino que además pretende inmunidad, cuando no impunidad.

Todo esto, querida, es lo que hace tremendamente impopular esta huelga, a pesar de que muchas de sus reivindicaciones coinciden con los intereses legítimos y razonables de los demás funcionarios de Justicia y de la misma ciudadanía. Salvo la reivindicación del incremento salarial, tan poco oportuna, y su oposición a la reforma, ya en marcha, de la oficina judicial, que los libera de funciones administrativas, que ellos pretenden conservar como un elemento de poder, todo lo demás seguro que lo defiende cualquier ciudadano. Pero los jueces no convocan a nadie, ni siquiera a sus compañeros de la Administración de Justicia, lo que abunda en el tono corporativo de la cosa.

Con todo, querida, creo que este conflicto pone de manifiesto que las reformas de la Justicia deben ir mucho más allá de las que muy tímidamente están abordando el Gobierno y Las Cortes. La Administración de Justicia, en general, y los jueces, en particular, no sólo necesitan más medios, más inversiones, cambios en la Ley de Planta o redistribución de tareas y competencias, sino que precisan además de un repaso democrático esclarecedor. Repaso que puede requerir incluso algún retoque en la Constitución, en aras de asegurar verdaderamente que "la justicia emana del pueblo".

Creo que los jueces, por funcionarios, tienen derecho a ir a la huelga, pero en este caso concreto debieran pensar que, tal como la plantean, los ciudadanos entenderán que la huelga va contra ellos.

Un beso.

Andrés