El nuevo marco autonómico

Galicia y el puzle de la financiación

La comunidad afronta la recta final de la reforma del reparto de fondos estatales con la aspiración de no dar ni un paso atrás de lo acordado

Julio Pérez | A Coruña

Si no hay más retrasos, la próxima semana el Gobierno central pondrá sobre la mesa las cifras de la discutidísima reforma de la financiación autonómica. Todos los gobiernos regionales, incluida la Xunta, están a la espera de conocerlas para ver cómo encajan en los diversos escenarios que cada uno maneja internamente en función de las reclamaciones planteadas en los últimos meses al ministro de Economía e incluso al propio José Luis Rodríguez Zapatero y cortar los que se esperan que sean los últimos flecos. Galicia entra en la recta final del diseño del nuevo modelo con la exigencia rotunda de consolidar los avances alcanzados hasta ahora. Como la incorporación de las variables del envejecimiento y la dispersión al principal criterio de reparto, que es el de la población. Una advertencia que tiene mucho que ver con la contrapropuesta que hace unos días la Generalitat catalana remitió a Moncloa y que sigue haciendo hincapié en que las comunidades que más aportan sean también las que más reciben. En el puzle del reparto de los fondos estatales quedan todavía muchas piezas por encajar y el plazo marcado por el Ejecutivo central, que quiere cerrar el acuerdo a finales de este mes, juega en contra.

El responsable económico del Gobierno gallego, Xosé Ramón Fernández Antonio, tiene el compromiso del equipo de Pedro Solbes de que Galicia será la primera autonomía en discutir los números. Los primeros en la última ronda de encuentros bilaterales, por lo menos en los oficiales, los que salen en la fotografía, antes de la celebración del Consejo de Política Fiscal en el que tendrá que aprobarse la revisión del actual esquema.

Como el resto de autonomías, Galicia se quedará con el 50% de lo que ingrese en concepto del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto del Valor Añadido (IVA), las dos principales tasas del sistema fiscal español. Hasta ahora se cedía el 33%. En cuanto a los Impuestos Especiales -el que carga la cerveza, el vino, el alcohol, los productos intermedios, las labores de tabaco y los hidrocarburos-, el porcentaje de participación pasa del 40% al 58%. Por eso el Ministerio de Economía presenta su propuesta como una defensa de la autonomía financiera de las comunidades. ¿Qué ocurre? Que no todas tienen la misma capacidad de recaudación. Galicia, entre las que menos, por su menor dinamismo empresarial y las peculiaridades de su población. Ahí es donde entran los fondos complementarios que incluye el sistema de financiación, donde se moverán las cifras y donde está la clave del respaldo de las autonomías. Son tres: el fondo de garantía del Estado del Bienestar, destinado a cubrir el coste de la sanidad, la educación y los servicios sociales; el de suficiencia, para las necesidades del resto de transferencias cedidas; y los fondos de convergencia, todavía por perfilar del todo, y en el que se incluyen una partida para los territorios con menor renta y otra para los que contribuyen más a la cesta única de la que luego se reparte todo el dinero y que luego acaban recibiendo menor financiación por habitante. La prueba de que todavía hay mucha tela que cortar son las recientes declaraciones de Fernández Antonio en las que daba su opinión de por dónde deberían ir encauzadas estas últimas partidas, pensadas por y para contentar las demandas de las comunidades pobres sin perjudicar demasiado a las más ricas, las que tienen en la mayor cesión de impuestos su gran baza. "Nosotros estamos planteando que haya cierta similitud con la política de cohesión de la Unión Europea, que no inventemos ahora nada nuevo", cuenta el conselleiro de Economía. En otras palabras, que la financiación permita lograr la vieja aspiración de la convergencia entre todos los territorios, muy lejos hoy en día.

El primero de los fondos, el de garantía, se llevará el 66% de todo el sistema de financiación. Pero, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto recibirá cada comunidad? Y directamente relacionada con esa duda, ¿cómo se ponderará la dispersión, el envejecimiento y el idioma propio? ¿Qué comunidades tendrán derecho a cada fondo? La Xunta mantiene que con los pasos dados está garantizado un aumento de recursos. Pero sólo las cifras permitirán encajar todas las piezas.

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