"Vengo a por mi madre"

Todo empezó con una denuncia de una familia que quería recuperar a su madre. La investigación del incremento patrimonial de los propietarios de un geriátrico de Outes, acusados de apropiarse de los bienes de ancianos desahuciados o con capacidad intelectual mermada, se inició cuando una mujer denunció que los dueños no le dejaban sacar a su madre del centro.

A pesar de que la anciana llevaba ingresada en el geriátrico siete años, y nunca habían tenido problemas, su hija decidió hace año y medio sacarla del centro ante la fuerte subida de la cantidad mensual que abonaba, y que no se podía permitir. Además, toda la familia comenzaba a estar preocupada porque creían que la mujer no estaba bien atendida en la residencia, por lo que comentaron a los dueños de la misma su decisión de llevársela de allí.

Sin embargo, no fue tan sencillo como pensaban, ya que desde un principio los propietarios se opusieron a dejarla marchar, lo que dio inicio a una serie de enfrentamientos tanto en el centro como en los tribunales.

"La dueña se portó muy mal con nosotros", aseguró una de las familiares de la anciana, que recordó que un día, cuando fueron a visitarla, la propietaria de la residencia outense amenazó con echarlas "a patadas". "Le dijimos que hablase más bajo, y entonces nos contestó que la casa era suya y que nos fuésemos o nos echaba a patadas", comentó, y criticó que ese día la propietaria no le dejara despedirse de su pariente.

Este fue sólo uno de los enfrentamientos entre los propietarios del geriátrico y los familiares, que dieron inicio a un cruce de denuncias entre los implicados.

Así, la familia denunció al matrimonio dueño del centro por insultos y agresiones y por no permitir que se llevaran a su pariente, a quien nunca podían ver a solas cuando iban de visita. Por su parte, los dueños presentaron a su vez una querella por insultos contra los familiares. "Dijeron que les habíamos llamado de todo, pero no era cierto", comentó una de las afectadas.

Finalmente, ganaron el juicio, cuando la juez acordó que no habían agredido a los responsables del centro.

A raíz de estas denuncias, la titular del juzgado de Muros declaró a la anciana incapacitada, por lo que finalmente sus parientes pudieron llevársela del geriátrico e ingresarla en otro centro de la zona.

Pero su paso por los juzgados sirvió también para que la juez decidiera ordenar a la Guardia Civil una investigación sobre lo que ocurría en el geriátrico de Outes, ya que, al margen de los hechos anteriores, hubo otras declaraciones contra los dueños del centro. Así, algunos familiares de personas con sus capacidades intelectuales mermadas ingresadas en el centro, aseguraron que creían que la herencia de sus parientes estaba en manos de este matrimonio.

Todas estas manifestaciones llevaron a la investigación de estos supuestos del incremento patrimonial de los dueños del asilo, que el viernes declararon como imputados por posible estafa ante la juez de Muros, que decretó libertad con cargos y entrega de pasaportes para los acusados, además de embargar sus bienes inmuebles y cuentas.

El matrimonio propietario del geriátrico de Outes y su hijo se negaron el viernes a declarar durante la vista celebrada en el juzgado de Muros, a la que acudieron como imputados por posible estafa, tras descubrirse que podrían haber adquirido "a precios irrisorios" los bienes de ancianos incapacitados a su cargo.

A pesar de que el fiscal había pedido prisión incondicional para los tres implicados, asegurando que "desvalijaban" a ancianos, finalmente la juez decretó libertad con cargos para los acusados de un presunto delito de estafa, así como de ser cómplices de falsedad documental de varios notarios y coautores de un posible delito de asociación ilícita. Además, la titular del juzgado de Muros ordenó el embargo de bienes inmuebles, cuentas, valores y fondos de inversión de los responsables del geriátrico, que deberán entregar sus pasaportes. La juez tomó la decisión de retirarles el pasaporte al esgrimir el fiscal el posible riesgo de fuga, ya que el matrimonio había vivido en Argentina.

Queda por saber qué ocurrirá ahora con los 21 ancianos ingresados en la residencia, ya que la Xunta, a la que la Fiscalía pidió que intervenga, asegura que al ser un centro privado no está obligada a realojar a los residentes en residencias públicas, aunque solicitó al menos una semana para realojarlos.

Por lo de pronto, los imputados siguen al frente de la residencia, y podrán seguir ejerciendo cualquier tipo de funciones relacionadas con el cuidado de ancianos o discapacitados, a pesar de las peticiones de la Fiscalía, que sostiene que los tres imputados incrementaron su patrimonio gracias a los ancianos de su residencia, "que pagaban sus cuotas" y a los que llevaban a diversas notarías para "comprarles sus bienes a precios irrisorios".