Difuntos con derecho a voto

Es natural. No resultaría educado ni sensato pedir a las ánimas del Purgatorio que se identificasen a la hora de votar. Tan a pecho se ha tomado el Gobierno la defensa del voto sin nombre ni apellidos que el vicelider socialista José Blanco, antiguo estudiante de Derecho, ha anunciado ya su propósito de elevar un recurso al Supremo en el caso de que la Junta Electoral anule las papeletas llegadas de Ultramar sin carné o pasaporte adjuntos. Y es que la mentada Junta tuvo días atrás la ocurrencia de exigir que los votos del otro lado del Atlántico vengan acompañados de algún documento que acredite la identidad del votante. Una pretensión del todo intolerable, desde luego.

Dirán los reaccionarios de costumbre que nadie va a poder votar aquí en Galicia el próximo 1 de marzo si no se identifica previamente con el DNI o el pasaporte, pero ese es un argumento falaz a todas luces. No hay por qué mezclar churras con merinas. Lo que en realidad pretende el actual Gobierno -al igual que el anterior y el anterior del anterior- es practicar la discriminación positiva con los emigrantes gallegos, de tal modo que puedan votar sin necesidad de salir de casa o siquiera del panteón. Y, por supuesto, facilitar a los más entusiastas el envío de dos, tres y hasta veinte papeletas a favor del mismo partido: un derecho del que sería injusto privar a nuestros emigrantes por meros tiquismiquis burocráticos.

Contra todos esos derechos históricamente adquiridos acaba de atentar ahora la Junta Electoral, empeñada en que los gallegos de Buenos Aires, Montevideo o Caracas se identifiquen con un vulgar papel del mismo modo que lo hacen -por obligación legal- aquellos que votan en Santiago, Coruña o Vigo. Felizmente, el partido socialista español ha decidido tomar cartas en el asunto e incluso el copresidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, acaba de dejar claro su propósito de "defender los derechos de la emigración".

Habrá quien retruque que el derecho a votar de forma anónima y sin documento alguno que garantice la limpieza del sufragio resulta, cuando menos, sospechoso. Tonterías. Nadie o casi nadie ignora que el caciquismo es un rasgo específico y hasta consustancial a la derecha, razón por la cual sería de todo punto inimaginable que un Gobierno de modernidad y progreso como el que disfruta Galicia vaya a incurrir en tan reprobable conducta.

Prueba de ello es que fueron dos diputadas del PSOE -cuyos nombres no vienen al caso- las que allá por el año 2001 constataron, indignadas, la existencia de unas 3.000 personas mayores de 105 años en el censo de emigrantes gallegos en Buenos Aires. Deducían muy atinadamente entonces las parlamentarias socialistas que tan asombrosa longevidad no se debía a los aires sin duda salutíferos y vigorizantes de la capital argentina, sino a la desidia de los burócratas encargados de borrar a los cadáveres del padrón. Con toda la razón del mundo, las dos diputadas exigían una urgente depuración del censo para evitar, según sus palabras textuales, la posibilidad de que "los muertos voten desde la tumba".

Tiempos aquellos. Ahora que el Gobierno les ha dado una más amplia perspectiva del asunto, los progresistas de antaño ya encuentran del todo natural que los emigrantes voten sin necesidad de acreditar que son quienes son o de demostrar siquiera que están vivos. Es lógico. Desprejuiciadas en cuestiones políticas, las ánimas de la Santa Compaña tienden a votar siempre a quien gobierne: ya sea el conservador Fraga, ya el socialdemócrata Touriño. Y un voto es un voto, aunque huela a cadaverina.

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