La gestión de los residuos en Galicia
Sogama almacenó sin permiso toneladas de basura hospitalaria de toda España
El vertedero de Areosa recibe cada año, pese a carecer de permisos, varios miles de kilos de desechos médicos . El ex jefe del Área Técnica informó de las anomalías a los consejeros de la empresa pública
M. Moreno | A Coruña
La Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama) consintió durante meses el vertido incontrolado de residuos hospitalarios y farmacológicos procedentes de la planta Sigre en el vertedero de Areosa -gestionado por la empresa privada Danigal- a pesar de que dichas instalaciones no cuentan con la autorización pertinente. Así lo hizo constar el ex jefe del Área Técnica Ramón Pérez Mariño en una veintena de correos electrónicos a los que ha tenido acceso este periódico dirigidos al ex consejero delegado de la empresa pública Fernando Bustío. Después de que Bustío abandonase voluntariamente el puesto en la empresa pública, en octubre pasado, Mariño volvió a advertir de esta anomalía al nuevo número dos de Sogama, Ángel Alonso.
El Sigre (Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases) Medicamento y Medio Ambiente es un procedimiento de recogida selectiva que la industria farmacéutica ideó para que los ciudadanos puedan desprenderse tanto de los envases como de los restos de medicinas con los que cuentan en casa sin perjudicar al medio ambiente.
El programa Sigre, cuenta con el apoyo de los gobiernos central y de los ejecutivos autonómicos del Estado, y pretende garantizar el tratamiento medioambiental adecuado tanto de los residuos de fármacos como de los envases que los contienen, conforme a sus especiales características. Con esta forma de proceder se quiere evitar los eventuales daños que los medicamentos pueden causar en el caso de que se arrojen a la basura o si se tiren al desagüe.
El perjuicio medioambiental puede ser muy grave si los componentes y principios activos de los fármacos entran en contacto con otros residuos pero es especialmente nocivo si éstos se mezclan con el agua de los ríos o de los acuiferos.
En Sogama, según notificó Mariño al responsable del personal de la planta, la vigilancia no existió. "Durante todo el proceso, Sigre lleva a cabo un control exhaustivo de la recogida y trazabilidad de los residuos de medicamentos", que llegan, procedentes de todas las farmacias de España, a su planta de selección y clasificacion de medicamentos de Cerceda en A Coruña, según puede leerse en la página web de la industria farmacéutica, promotora del programa.
La ley obliga a Sigre a remitir "trimestral, semestral y anualmente" a las autoridades medioambientales detallados informes en los que se recogen las actuaciones llevadas a cabo en todas las provincia y en cada una de las comunidades autónomas en las etapas previas a su centralización de todos los residuos del país en la planta coruñesa de Cerceda. Y es aquí cuando supuestamente se produce el fallo en la gestión de los residuos, altamente contaminantes.
Un correo electrónico enviado por el ex responsable del Área Ténica de Sogama el 9 de julio pasado al entonces consejero delegado de la empresa pública alertaba ya de la entrada incontrolada de residuos al vertedero de Areosa que gestiona Danigal. "Te comunico que siguen entrando residuos hospitalarios y rechazo de la plaza de medicamentos [Sigre], en el vertedero de Areosa que como te informaba en mi anterior correo no estamos autorizados para depositarlos en esta instalación".
Ese mismo correo le fue transmitido al actual número dos de la empresa pública, Ángel Alonso, quien sustituyó en el cargo a Bustío, el pasado 5 de diciembre.
Previamente, en otra comunicación, Mariño informaba a Alonso de las actuaciones de su predecesor en el puesto. "Ángel [Alonso]: por parte del anterior consejero delegado se autorizó hasta el 31/11/2008 la entrada de residuos del Sigre a la empresa Danigal en el vertedero de Areosa a pesar de que dicha instalación no está autorizada para ello, por lo que considero que se debe comunicar al gestor del vertedero la prohibición de aceptación a partir de la mencionada fecha el residuo indicado. Un saludo".
Ante la ausencia de respuesta por parte de la empresa, Pérez Mariño insistió en sus comunicaciones dirigidas a Ángel Alonso en otro correo electrónico fechado el 17 de diciembre pasado. "Ángel, como actual responsable de la Autorización Ambiental Integrada, mi deber es denunciar los siguientes hechos que están aconteciendo en el vertedero de Areosa y que están en contra de lo especificado en la Autorización Ambiental Integrada de Sogama. [Se está produciendo la] entrada masiva de residuos urbanos sin empacar en el vaso tres, actualmente en explotación y la entrada de residuos procedentes del Sigre, con códigos distintos a los específicos como admisibles en la Autorización Ambiental Integrada en las instalaciones de Areosa".
Despidos
Tanto el jefe del Área Técnica, Ramón Pérez Mariño, de la empresa pública -participada en un 51% por la Xunta y en un 49% por Unión Fenosa-, como el responsable de Calidad y Medio, Pedro Alcázar, fueron despedidos por Sogama el martes pasado por la supuesta "ocultación" de resultados de las analíticas de Areosa. Mariño es uno de los seis imputados en la causa de los vertidos tóxicos en el río Lengüelle, a su paso por Cerceda, en cuyo cauce fueron hallados varios miles de peces en octubre pasado.
Las causas del despedido radican, según Sogama, en que desde el Área Técnica "se ocultó a la dirección de la empresa y a la Consellería de Medio Ambiente y a Augas de Galicia, informes analíticos procedentes de Areosa". La empresa pública asegura que "alteraron el proceso de control al repetir las analíticas hasta que arrojaban unos resultados conforme a los parámetros de vertido autorizado".
Se da la circunstancia de que tanto Ramón Pérez Mariño como Pedro Alcázar fueron dos de los cuatro directivos de Sogama firmantes de un escrito de denuncia presentado en la Consellería de Economía e Facenda el pasado 12 de noviembre, en el que se recogían supuestas anomalías irregulares de la empresa pública en la adjudicación de contratos. El presidente de la entidad pública lo negó y lo atribuyó a una maniobra política del Partido Popular.
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