Los productores gallegos de acuicultura reclaman una mayor claridad jurídica en la actividad y rechazan frontalmente la posibilidad de diseñar un nuevo plan acuícola en la comunidad después de que una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anulase el acuerdo del bipartito de 2006 por el que se modificó el proyecto de ordenación del sector elaborado por el ejecutivo autonómico de Manuel Fraga en 2005, que carecía de la declaración de impacto ambiental.
El sector se opone a que se elabore un nuevo proyecto, como reclaman los ecologistas -al entender que los dos planes de acuicultura, de 2005 y 2008, incumplen la ley-, porque considera que esa medida "supondría tener parada la actividad otros cuatro años". "Estamos perplejos con todo lo que está ocurriendo con la acuicultura. Hay muchas inversiones colgadas. Nosotros sólo queremos tener un marco jurídico claro: que nos digan lo que se va a hacer con el sector, y si hay que preparar un nuevo plan arrojamos la toalla y nos vamos a invertir a otras zonas donde sí se pueda", sentenció el gerente de la Asociación de Productores de Rodaballo de Galicia (Aroga), Fernando Otero.
Las empresas interesadas en invertir en acuicultura en la comunidad gallega aseguran que el tiempo "apremia" y que no pueden aceptar más retrasos en la aprobación de nuevos proyectos puesto que las subvenciones comunitarias a la acuicultura se acaban en 2013 y "el sector quiere reinvertir los beneficios que ha obtenido en los últimos ejercicios".
La postura defendida ayer por la conselleira do Mar, Rosa Quintana, de recuperar "lo positivo" de los planes acuícolas del Ejecutivo de Fraga y del bipartito, en el menor tiempo posible, tranquiliza al sector, que reclama una pronta reunión con la Xunta para analizar la cuestión. "Queremos estudiar la situación jurídica con la Consellería para ver cómo va a ser el futuro de la actividad. De momento confiamos en que lo que dice la conselleira sea verdad y los proyectos puedan salir adelante", señaló Otero.
Quintana aseguró que su departamento trabaja para buscar una fórmula que dé estabilidad jurídica al sector y garantizó que los productores interesados en invertir en Galicia no tendrán que esperar mucho para que esto sea así. "Son trámites burocráticos que llevan horas de trabajo pero no días", explicó al tiempo que aclaró que la Xunta no esperará a un fallo del Tribunal Supremo para autorizar los proyectos acuícolas porque "puede tardar años".
La responsable de Mar subrayó también que actualmente se están tramitando los expedientes de 2008 que se refieren a ampliaciones de instalaciones ya existentes y señaló que el mayor problema se encuentra en "encajar" los de 2005 en el marco jurídico actual, respetando los impactos mediambientales. Cuando se diseñó el plan sectorial de la Xunta de Fraga, no se requería un informe del impacto ambiental de todo el proyecto sino que cada instalación debía presentar su estudio de forma independiente.
El Ejecutivo gallego reconoce los fallos de la tramitación del bipartito y las dificultades que plantea la aplicación del plan del PP pero, al igual que los productores, considera que la mejor fórmula es seguir adelante con las actuaciones que tengan todas las garantías jurídicas para que la actividad salga de la paralización en la que se encuentra. Los productores advierten de que no pueden esperar mucho más tiempo porque sino se irán a otras zonas, como Francia o Portugal en los últimos años.
El recurso contra la decisión del bipartito lo interpuso la compañía Insuíña SL, filial de Pescanova, que reclama una indemnización por la paralización de los proyectos que tenía en marcha en 2006. La Consellería do Mar aseguró que si le corresponde compensar a la firma lo hará o tratará de llegar a un acuerdo.
