Apenas una de cada diez órdenes de expulsión dictadas son ejecutadas, ya que el coste de la deportación de los inmigrantes a sus países de origen es elevado. Cada extranjero repatriado recibe unos 300 euros por ayuda humanitaria para reemprender la vida en su país, y los policías que los custodian, 100 euros de dieta. A ese gasto hay que sumar otros 100.000 euros por el alquiler del avión. España gasta 15 millones de euros anuales en repatriaciones. En total, una media de 1.800 euros por cada inmigrante expulsado.

Residir o trabajar sin papeles es la infracción más habitual por la que se abre un expediente de expulsión a un inmigrante, aunque también hay sanciones por no poner en conocimiento del Ministerio del Interior cambios relacionados con el domicilio o el estado civil, así como el incumplimiento de medidas interpuestas por la seguridad pública o la realización de actividades contra el orden público. También se aplica la orden de expulsión a procesados o inculpados por delitos.

Pero para aquellos pocos que finalmente son expulsados a su país, las esperanzas que habían puesto en su viaje a Galicia para lograr un permiso de trabajo y residencia fuera de su tierra se acaban: la ley prohíbe a los extranjeros deportados pisar territorio europeo durante tres años desde la fecha que se ejecuta la orden de expulsión.