La coincidencia del cese de Felipe Martínez Martínez como director general de la Marina Mercante y la apertura de un expediente administrativo que conlleva multas y el depósito de un aval de 2,7 millones de euros destinado al pago de los trabajos de limpieza del crudo derramado en aguas mediterráneas de responsabilidad española por la plataforma de prospecciones petrolíferas Pride North América (que fue retenida varios días cuando pretendía abandonar aguas españolas), mantiene la sospecha de que el cese fulminante del hasta hace unas semanas director general de la Marina Mercante no es sino la respuesta de la todopoderosa Repsol (petrolera contratante de la plataforma) a una acción sancionadora que no entraba en sus cálculos.

Dos han sido los vertidos de la plataforma constatados por la Capitanía Marítima de Tarragona: el primero el 15 de mayo y, el segundo, el 23 de junio. No haber comunicado ninguno de los dos a las autoridades marítimas significa, al igual que los vertidos, una infracción administrativa, por lo que la Pride North América tiene sobre sí cuatro de estas infracciones que ahora investiga, además, el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Ignacio Monreal quien, de oficio, ha decidido abrir diligencias de investigación, al tiempo que un expediente relacionado con el medio ambiente.

Para poder aplicar sanciones económicas a los propietarios de la plataforma o, en su caso, a la firma que la contrató, el fiscal ha de esperar a que la Dirección General de la Marina Mercante dé por finalizado el expediente abierto y que se instruye desde Madrid. En círculos profesionales de marinos mercantes se espera con mucha curiosidad el resultado de este expediente incoado por el anterior director general de la Marina Mercante y que deberá sancionar su sucesora en el cargo. De cualquier manera, el artículo 112 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre (regulada por la orden FOM/93/2008, de 23 de enero, establece que en su obligación de prevención y lucha contra la contaminación del medio marino, el Ministerio de Fomento está autorizado para, a través de las capitanías marítimas, "visitar, inspeccionar, condicionar el fondeo, apresar, iniciar procedimientos judiciales y, en general, adoptar las medidas que se estimen necesarias respecto a buques que vulneren o puedan vulnerar dichos bienes jurídicos, siempre que se encuentre navegando, parado o en cualquier otra condición".

Se refiere también la mencionada ley a "los que ocasionen o puedan ocasionar riesgos de contaminación de las aguas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción" como objeto de posible sanción por parte de Marina Mercante, todo lo cual parece avalar la decisión tomada por el capitán marítimo de Tarragona, que hizo suya el defenestrado director general de la Marina Mercante.

Si el cese de éste tiene que ver con el caso, como todo parece indicar, flaco favor ha hecho el actual ministro de Fomento a la lucha contra la contaminación marina, la credibilidad política y la independencia del Gobierno.