La ley sólo reconoce a los arquitectos superiores para informar de los proyectos urbanísticos en cada ayuntamiento. Cerca de la mitad de los concellos incumplen la norma. Sólo 175 de los 315 municipios gallegos (el 55,55%) tienen en su plantilla un arquitecto como técnico municipal para el control y concesión de licencias, según un informe hecho público ayer por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). Pero únicamente el 22,53 % de los ayuntamientos de la comunidad (71) cuentan con un equipo técnico formado por un arquitecto superior y un aparejador, ambos "necesarios" -según advierten desde el Colegio de Arquitectos- para llevar a cabo las labores que, dentro de sus competencias, se realizan en un ayuntamiento.
En tres de cada diez concellos, son los aparejadores los que ejercen como proyectistas. Una situación que contradice la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (LOE), ya que especifica que los proyectistas de edificios con uso residencial (la mayoría), administrativo, sanitario, religioso, docente y cultural deben acreditar la titulación exclusiva de arquitecto superior. En total, son 115 los municipios que sólo cuentan con aparejadores para el control y concesión de licencias urbanísticas, 20 de ellos con una población superior a los 6.000 habitantes. En este caso se encuentran 9 concellos de A Coruña (Cedeira, Cee, Coristanco, Laracha, Malpica, Ordes, Outes, A Pobra y Ponteceso), cinco de Lugo (Burela, Chantada, Monforte, Sarria y Vilalba), y seis de Pontevedra (Caldas, A Cañiza, O Grove, Pontecaldelas, O Rosal y Valga). En algunos casos, según alerta el COAG, se agrava por su "complejidad urbanística". Entre ellos destacan O Grove, con el plan urbanístico suspendido, A Pobra do Caramiñal o Burela, por su situación costera y por aglutinar gran cantidad de población en un territorio pequeño.
Geógrafos e ingenieros
Pero la situación se presenta aún complicada para diez concellos que a finales de 2009 todavía no disponían de ningún personal técnico: siete en la provincia de Lugo y tres en Ourense.
Incluso hay ayuntamientos en los que los temas urbanísticos no recaen en arquitectos. En Galicia, hay 11 ayuntamientos que tienen en manos de geógrafos o ingenieros el control de las licencias. Los casos más curiosos son los municipios coruñeses de Boimorto y Cariño, que cuentan para este tipo de trabajo con un geógrafo y un ingeniero técnico industrial, respectivamente. En la provincia de Lugo, A Fonsagrada dispone de un ingeniero de montes y Quiroga de un ingeniero técnico. "En ninguno de estos casos, los técnicos tienen habilitación alguna para la realización de proyectos de la mayoría de los usos definidos en la LOE, y en especial de uso residencial", advierten desde el Colegio de Arquitectos de Galicia, al tiempo que destacan que en el caso del geógrafo, "ni siquiera tiene habilitación para redactar ningún proyecto de edificación".
A Coruña y Pontevedra son las provincias con mayor número de municipios que poseen más de tres técnicos municipales en su cuadro personal. Es el caso de A Coruña, Ferrol y Santiago, que tienen más de diez técnicos en cada concello. Arteixo, Culleredo, Oleiros, Sada, Betanzos e Noia cuentan con más de tres. En la provincia de Pontevedra, destacan Vigo y Pontevedra, con más de diez técnicos cada uno. En Nigrán, Vilagarcía y Cangas se superan los tres. En el interior, sólo el Ayuntamiento de Ourense tiene más de diez técnicos municipales.
Cerca de la mitad de los 64 concellos que han aprobado recientemente su plan de urbanismo, no cuentan con un arquitecto superior para el seguimiento y gestión de las licencias. En el caso de la provincia de A Coruña, 17 de los 27 concellos con planeamiento de ordenación reciente carecen de arquitecto municipal. En Lugo, tres de los seis tampoco disponen de la figura del proyectista, en Ourense se repite esta misma situación en 10 de los 22 municipio con plan de urbanismo aprobado recientemente y en Pontevedra, en 5 de nueve.
El portavoz del grupo parlamentario del PP de Galicia, Manuel Ruiz Rivas, aseguró ayer que su formación va a pedir, mediante una iniciativa parlamentaria, que la reforma de la Lei do Solo de Galicia "permita un cambio de actividad de los negocios rurales", ya que actualmente la normativa no contempla esta posibilidad.
Ruiz Rivas hizo este anuncio en la localidad pontevedresa de A Estrada tras una reunión con representantes de la Asociación Comarcal de Empresarios, a la que también asistieron los diputados de la zona José López Campos y Román Rodríguez.
El portavoz parlamentario explicó que actualmente la normativa autoriza a aquellos establecimientos o empresas "consolidadas" en las zonas rurales a continuar con su actividad o incluso aumentarla en un 10%, "siempre y cuando no suponga un impacto mayor que el existente".
En este sentido, reconoció que su partido está de acuerdo con ese aumento, pero defenderá que la ley también permita el cambio de actividad, "porque es de sentido común" y porque "ayudará a fijar población en el rural".
Ruiz Rivas añadió también que "la ley debería recoger una fórmula para legalizar aquellas actividades que son compatibles con el medio y que están consolidadas", aún cuando puedan carecer de licencia actualmente.
La reunión de parlamentarios del PP gallego con los empresarios estradenses forma parte de una serie de contactos que el partido está manteniendo con varios sectores económicos gallegos para "conocer su realidad".
