Al menos siete plazas de interventor y secretario de ayuntamientos y diputaciones gallegas están recurridas en los juzgados por irregularidades en la convocatoria. La Asociación Sindical de Funcionarios con Habilitación Estatal (Aesfal), en la que se agrupan unos 200 secretarios, interventores y tesoreros que ejercen en Galicia, ha denunciado estos concursos al considerar que estaban hechos "a medida" para los funcionarios que obtuvieron la plaza, que en la mayoría de los casos ya estaban trabajando en estos concellos de forma provisional.

Se trata de las plazas de secretario de los ayuntamientos de Mondoñedo y Boimorto, la de interventor de Bergondo y las de tesorero de O Porriño y la Diputación de Lugo, convocadas en junio de 2008. Además de estas querellas, que se encuentran en fase de prueba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) -la Audiencia Nacional, donde se presentaron en un principio, se declaró incompetente-, Aesfal también ha recurrido una plaza de asesor en la Diputación de Lugo, y un particular ha denunciado la plaza de secretario convocada por el municipio coruñés de Paderne.

La asociación argumenta en su demanda que los méritos que se valoraron en estas convocatorias (cursos y experiencia profesional) no tienen "relación directa" con el puesto ofertado, sino que se escogieron porque se ajustaban al "currículum" de la persona que finalmente obtuvo la plaza. En el caso de Mondoñedo, el Concello valoró como mérito el haber trabajado antes en ayuntamientos con conjuntos histórico-artísticos, con área de rehabilitación de conjunto histórico y por los que pase el Camino Norte. Requisitos que, según consta en la demanda, cumplía el funcionario que obtuvo la plaza, que ya llevaba un año trabajando de forma provisional en el municipio lucense, gobernado por el BNG. Este funcionario también disponía de todos y cada uno de los cursos que puntuaban en el concurso y que el Concello especificó "no sólo con el nombre del curso, sino también con la duración de los mismos, arbitrariamente diferente para cada uno". Por ejemplo, los cursos sobre el régimen electoral local debían ser de 20 horas por lo menos, pero los de práctica jurídica tenían que ser de 400 horas (como el que había realizado el ganador de la plaza) para que puntuaran en el concurso.

Otro de los casos en los que, según Aesfal, la convocatoria del ayuntamiento parecía "hecha a medida" del ganador, es la del secretario-interventor del municipio coruñés de Boimorto, regido por el PSdeG. En esta convocatoria el baremo de méritos por la experiencia profesional era muy específico y sólo puntuaban una o ambas de las siguientes condiciones: "Haber trabajado como secretario-interventor en concellos de más de 2.000 habitantes y presupuesto superior a 1.060.000 euros" -condiciones que se ajustan a las características de Boimorto- y/o como secretario en ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y y presupuesto de más de cinco millones. La persona que obtuvo la plaza en Boimorto ya estaba trabajando provisionalmente en el concello, y antes había pasado por otro municipio que cumplía "exactamente" las condiciones fijadas en el baremo, según Aesfal.

Algo similar sucede en el caso de Bergondo, donde se valoraba la experiencia de los funcionarios que hubieran trabajado "en ayuntamientos con los cuatro últimos presupuestos superiores a los 5,5 millones de euros", tal y como sucedía en el propio concello coruñés, regido por el PSdeG, en el que también trabajaba desde hacía tres años la interventora que obtuvo la plaza. Aesfal también destaca que esta interventora había realizado un curso cuyo título coincidía literalmente con uno de los que puntuaban como mérito, el de contabilidad y auditoría de las administraciones públicas territoriales, una especialidad que según la asociación "apenas se ejerce" en el día a día de un interventor municipal.

En cuanto a la plaza de tesorero de O Porriño, Aesfal la recurrió porque el Ayuntamiento exigía que el adjudicatario fuese un licenciado en Derecho -carrera que había estudiado la tesorera provisional que logró la plaza-, pese a que la ley también permite ejercer este puesto a los que hubieran cursado Empresariales, Economía o Ciencias Actuariales. Además, el municipio pontevedrés, regido en 2008 por el BNG, también incluyó requisitos de presupuesto y población en el apartado de experiencia, algo que según Aesfal está prohibido.

En la Diputación de Lugo son dos las convocatorias recurridas ante los tribunales. Una de ellas es la plaza de tesorero, en la que se valoraba haber dado clases de derecho administrativo económico y haber sido "asesor de asuntos económicos en la Federación Gallega de Municipios (Fegamp)" durante 5 años, un puesto que ocupó el ganador de plaza.

Por último, un funcionario recurrió a título particular la convocatoria de la plaza de secretario convocada en 2008 por Paderne. El ayuntamiento coruñés incluyó como "requisito", y no como mérito, que el funcionario fuese abogado colegiado desde hacía más de tres años y, además, que hubiera participado "como letrado del ayuntamiento" en un juicio celebrado en los 12 meses anteriores a la convocatoria.

Mientras en el colegio de A Coruña prefieren "no comentar" estas supuestas irregularidades, desde Lugo subrayan que, pese a todo, los baremos de méritos establecidos por los municipios en estos concursos sólo suponen el 25% de la puntuación total. Otra cuarta parte de los puntos los reparte la Xunta, y la mitad restante, el Ministerio.