La ley garantiza el derecho de todos los españoles a prestar declaración ante un juez en presencia de un abogado. Los honorarios del letrado cuando éste pertenece al turno de oficio, sin embargo, no siempre corren a cargo de la administración. Esto es lo que ocurría hasta ahora en Galicia en los casos de violencia de género en los que la víctima solicitaba una orden de protección: que la Xunta asumía los costes de representación legal de la denunciante pero no se hacía cargo de los del presunto agresor. Para solventar esta evidente "laguna", la Xunta y el Consello Galego da Avogacía (CGA) llegaron ayer a un acuerdo por el que la Consellería de Presidencia pagará a partir de este año los honorarios del abogado de oficio en todos los procedimientos de violencia de género y con independencia de a cuál de las dos partes represente.

La medida supone un avance importante ya que, como explica Evaristo Nogueira, decano del Colegio de Abogados de Santiago, "en más del 90%" de las denuncias por violencia de género se pide una orden de protección. "Hasta ahora el abogado de oficio de la víctima cobraba por acudir a esa vista y defender a su cliente pero el abogado del acusado no, a pesar de que hacían el mismo trabajo", argumenta Nogueira, que advierte de que los propios colegios se veían obligados a asumir esta "disfunción" ya que, por ley, tanto la víctima como el acusado tienen derecho a recibir asistencia letrada gratuita.

Ésta es una de las principales novedades del acuerdo económico suscrito por el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, y el presidente del CAG, Eloy Artime. Tras más de un año de negociaciones, ambas partes acordaron prorrogar durante el primer semestre de 2010 las tarifas que percibió el turno de oficio el año pasado e incrementarlas un 0,9% en el segundo. Con todo, las negociaciones para sellar un nuevo convenio para los próximos años continúan abiertas y los abogados de oficio no renuncian a conseguir una profunda revisión de sus honorarios que los acerque a comunidades como País Vasco, donde por el mismo proceso se puede llegar a cobrar hasta tres veces más.

Otra de las viejas demandas de los letrados, con todo, sí que ha recibido respuesta. Como reconoció Artime, "por primera vez" en Galicia los pagos trimestrales al turno de oficio se llevan al día. Por este motivo, el presidente del CGA interpretó también la prórroga del convenio de 2009 como un "acto generoso" por parte del colectivo ante la actual situación de crisis.

Además, la Xunta aportará 180.000 euros al servicio de orientación para demandantes de justicia gratuita que ofrecen los colegios.

La Administración judicial gallega dista mucho de vivir una situación real de bilingüismo. Para cambiar esta realidad y romper el "evidente desequilibrio" entre el uso del gallego y el castellano en este ámbito, el secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, y el decano del Colexio de Avogados de Santiago, Evaristo Nogueira, firmaron ayer un convenio de colaboración para "el fomento" del gallego en la Administración de Justicia.

Nogueira hizo hincapié en que la desigualdad entre las dos lenguas tiene "especial incidencia" en la expresión escrita ya que, según explicó, cuando un ciudadano habla en gallego en un juicio "no hay ningún problema" para responderle en el mismo idioma, mientras que "existe una carencia muy importante" y una "diferencia abismal" en la escritura. En esta línea, el decano de los letrados compostelano se mostró convencido de asumir "la difícil tarea" de promover la lengua propia de Galicia en la Justicia, aunque también reconoció ciertos "avances motivadores" a lo largo de estos años, como la documentación que llega al colegio y en la que "cada vez más" está presente el uso del gallego. Por ello, apostó por "dar un impulso" a esta lengua "en el día a día", con el objetivo de "convencer" a los que forman parte del organigrama judicial para que "entre todos se trabaje en defensa del idioma".

Por su parte, Anxo Lorenzo apuntó que la Administración gallega "tiene que ir de la mano" de aquellos que proporcionan servicios a la ciudadanía para promover el uso del gallego. Con este objetivo, a lo largo del año se llevarán a cabo diversas actividades como el asesoramiento lingüístico y terminológico a los abogados, la edición de la revista Avogacía Compostelá, así como la cuarta edición de las jornadas Xustiza e lingua.