Medio Ambiente paralizó este año 86 obras ilegales y ordenó la demolición de otras catorce

Los expedientes abiertos por infracciones urbanísticas se incrementaron casi un 50% este año. La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística está intensificando su trabajo de vigilancia sobre el urbanismo en la comunidad autónoma y el resultado es que en el primer semestre de 2010 se paralizaron 86 obras y se ordenó la demolición de otras catorce.

Entre enero y junio de este año se abrieron un total de 107 expedientes frente a los 72 contabilizados en el mismo periodo del año anterior. Una vez que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística abre un expediente de reposición de la legalidad se inicia el trámite para determinar si la obra cumple con las normativas autonómicas y municipales para su construcción.

De confirmarse la existencia de una infracción se le comunica al interesado para que paralice o derribe la edificación ilegal. Si el propietario decide no hacer caso se le imponen entonces multas coercitivas.

Entre enero y junio de este año se establecieron 187 sanciones de este tipo, que sumaron un importe de 967.000 euros. La provincia, con más multas, fue Pontevedra, que acapara la mitad del importe impuesto por la Xunta para presionar al infractor a reponer la legalidad urbanística (un total de 545.400 euros).

Sobre el litoral la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística mantiene una vigilancia especial. Según los datos de la Consellería de Medio Ambiente, en el primer semestre se impusieron 45 multas coercitivas por infracciones urbanísticas en la costa, lo que implicó un importe superior a los 435.000 euros.

Entre las 86 obras que fueron paralizadas, la mayoría fueron en Pontevedra (35), provincia que también acapara el 60% de las demoliciones.