Juárez enerva al mundo rural

Samuel Juárez se mostraba muy crítico en una entrevista publicada ayer en LA OPINIÓN con los alcaldes que se quejaron en los últimos días de que no eran capaces de cumplir la ley de incendios (aprobada en 2007, durante la etapa del bipartito) y que obliga a los propietarios de los terrenos forestales a desbrozar los montes en un radio de 50 metros alrededor de los núcleos habitados. Mientras algunos regidores se quejaron de que no tienen potestad para establecer sanciones a los vecinos que no cumplan sus requerimientos, Juárez aseguró que "hay un cumplimiento desigual, algunos hacen cumplir la ley y otros no hacen nada". Hoy varios de ellos quisieron responder a estas críticas.

Carlos Antonio Fernández Castro, alcalde de Ames (PSdG) y presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), contrapuso al conselleiro que "los concellos hacen todo lo posible, pero la Xunta les derivó con la ley de incendios una obligación que supera su capacidad legal, porque cuando un propietario no responde a los requerimientos para que limpie su terreno, no tienen poder para imponerles sanciones". Fernández Castro apunta incluso que "si algún alcalde se atreve a rozar un monte para cumplir con su responsabilidad se arriesga a ser denunciado por el propietario y a perder el juicio, porque ya existen sentencias en este sentido".

Juárez reconoció sin embargo que tiene pendiente "una conversación con la Fegamp para habilitar los mecanismos para que los concellos puedan ejecutar la ley", aunque se mostró reacio a modificar la norma "sin consenso político". Fernández Castro consideró que los recursos que la Xunta cede en la actualidad a los concellos son exiguos para desbrozar montes y caminos forestales porque una primera limpieza cuesta "300.000 euros en un ayuntamiento como Ames". El presidente de la Fegamp defendió que "las corporaciones no pueden hacer frente por sí solas a este gasto, y más cuando tan solo enviar requerimientos a los propietarios para que cumplan con su deber puede costar alrededor de 30.000 euros al año". Además, recordó que esta organización ya se opuso "a la ley de incendios desde el principio (con el Gobierno bipartito), no se trata de una cuestión partidista".

Otros alcaldes afectados por los incendios, como el socialista José Lamela, de Lobios, insisten en que "la actual norma es casi imposible de cumplir". El regidor apunta que su ayuntamiento tiene 178 kilómetros cuadrados, 72 núcleos de población y 2.300 habitantes y que aunque están trabajando "para limpiar los montes en los casos de más peligro para las aldeas", se encuentran "con el problema de que muchos propietarios residen fuera del concello y son difíciles de encontrar".

En cambio, Jesús Vázquez Almuíña, alcalde popular de Baiona, aseguró que "el desbroce es muy complicado porque la masa forestal es muy amplia". Así, atribuyó el incendio que amenazó este mes una parroquia de su ayuntamiento, a las adversas condiciones meteorológicas "tras dos meses sin lluvias".

Xosé Alfredo Pereira, presidente de la Organización Galega de Montes Mancomunados, consideró que "la ley de Incendios es adecuada y los concellos deben cumplirla, pero tienen que recibir ayuda financiera de la Xunta". "También es muy importante que los planes de ordenación urbanística no permitan que casas y urbanizaciones lleguen al monte, como se permitió hasta ahora", añadió.

"Eliminar las ayudas al pastoreo en zonas quemadas es un tremendo error que revela un profundo desconocimiento del monte vecinal", señaló ayer Xosé Alfredo Pereira, presidente de la Organización Galega de Montes Mancomunados. Samuel Juárez, conselleiro de Medio Rural, había propuesto horas antes "excluir de las ayudas las zonas de pastoreo quemadas por el fuego" como medida para reducir los incendios. El miembro del Gobierno consideró que los intereses de los ganaderos podían estar detrás de la quema de monte. Sin embargo, Pereira lamentó que esta propuesta, de llevarse a cabo, podría tener el efecto contrario "porque se causarían más fuegos para evitar que los terrenos se dedicasen a la ganadería". Juárez había señalado horas antes: "Lo siento mucho si no ha sido el propietario, pero no podrá recibir una ayuda por un sitio quemado".

También Roberto García, secretario general de Unións Agrarias, se mostró en contra de la misma. El sindicalista afirmó que "las explotaciones agrarias son el mejor cortafuegos y no hay mejor desbroce que el que efectúan los animales al pastar". García advirtió que la prioridad ahora es buscar a los incendiarios, pero que cuando la campaña de incendios acabe su organización hará "una valoración crítica de la gestión del conselleiro". De la misma forma, consideró que Juárez toma "medidas en caliente para desviar la atención de otras causas que contribuyen a los incendios".

El alcalde de Boiro, Xosé Deira, uno de los municipios más afectados por las llamas en agosto duda de la responsabilidad de los ganaderos, ya que "desgraciadamente no hay tantos como para necesitar tanto pasto". En cambio, apuntó que muchos de ellos han perdido animales en los incendios.