El alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña; la concejal de Urbanismo, Ana Simons Sánchez; y el edil de Medio Ambiente y Vías e Obras, Manuel Vilar Márquez, se enfrentan a una petición fiscal de ocho años de inhabilitación para ostentar cargo público por el caso Vista Baiona. La Fiscalía solicita esta pena para los tres al considerarlos autores de un supuesto delito de prevaricación por denegar la licencia de obra al edificio Vista Baiona, proyectado en la céntrica parcela situada en el cruce entre las calles Ramón y Cajal y Virgen del Pilar. El escrito de acusación reclama otros cinco años de incapacitación para ocupar un puesto en la Administración a la secretaria municipal, Susana Gallardo Fariña, y al asesor jurídico externo que el Concello contrató para asuntos urbanísticos, Juan Colón Garrido, puesto que los considera "cooperadores necesarios" en la comisión del citado delito.
A los restantes miembros de la junta de gobierno que el ministerio público había imputado inicialmente, los sobresee "provisionalmente" del proceso porque concluye que desconocían las cuestiones urbanísticas y las "vicisitudes relativas al expediente".
Tras meses de diligencias en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Vigo, la fiscal ha solicitado el traslado del asunto al juzgado de lo penal y la apertura del juicio oral, cuya fecha deberá determinar un magistrado en cuanto las partes presenten sus respectivas argumentaciones.
