23 de octubre de 2010
23.10.2010

El fiscal pide exculpar a Hernández por certificar una carretera inacabada

El Ministerio público justifica la actuación porque el conselleiro no trató de conseguir lucro o perjudicar a la Administración

23.10.2010 | 04:41

La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sostiene que el actual conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, no cometió delito alguno cuando firmó la certificación de la variante de Lira cuando la vía estaba sin concluir durante su etapa como responsable de obras en la Diputación de Pontevedra. Por ese motivo, ha solicitado al juez que no lo procese a través de un auto firmado el pasado día ocho.

Hernández eludió ayer realizar declaraciones sobre el auto. Fuentes de su departamento se limitaron a responder que no había recibido notificación de este escrito y que mantenía su "máximo respeto a las actuaciones judiciales".

La decisión de la Fiscalía supone un espaldarazo al conselleiro, pues en su escrito lo exime de cualquier responsabilidad punible, pero el documento no descarta su posible procesamiento. La decisión está ahora en manos del juez instructor del caso, que será el que decida si levanta la calidad de aforado del conselleiro o no. Fuentes jurídicas indican que lo más probable es que el juez siga las recomendaciones del Ministerio Fiscal, aunque existe la posibilidad de que decida contradecirlas.

El caso de la variante de Lira acompaña a Hernández desde el año pasado, cuando el PSOE denunció el caso ante los juzgados de Pontevedra. Lo acusaba de falsedad en documento oficial, estafa y fraude porque, como director de infraestructuras de la Diputación avaló con su firma la certificación de la variante de Lira, en Salvaterra, a pesar de que la obra no estaba finalizada.

El objetivo era poder cobrar una subvención del Ministerio de Administraciones Públicas de 195.000 euros, que vencía antes de que pudiese concluir la obra.

El fiscal Fernando Suances justifica esta práctica, aunque reconoce que se firmó un documento "inveraz", aludiendo a dos sentencias del año pasado sobre casos similares de la audiencia de Pontevedra. En su escrito descarta que Hernández cometiese delito alguno porque "en momento alguno tratan con las certificaciones y documentación inveraz perjudicar económicamente a la Administración ni proyectan ánimo de lucro".

El fiscal recomienda que apartar a Hernández del caso y que la audiencia pontevedresa investigue si otras personas sí cometieron algún delito.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán ha celebrado que la Fiscalía haya decidido no pedir el procesamiento y ha pedido que se exima también de responsabilidad a los funcionarios de la institución provincial y que se archive la causa. "Era un caso de libro donde todo está perfectamente justificado y avalado", señaló.

"La diferencia entre el PP y el PSOE es que, cuando los socialistas no tienen el apoyo de la ciudadanía judicializan la vida política, y luego ocurren estas cosas", afirmó Louzán al respecto de la decisión judicial. "Para el PSOE el fin justifica los medios con tal de emborronar la labor de una serie de funcionarios que cumpliendo su labor hicieron todo lo posible para que no se perdiese ni un solo euro", añadió el presidente de la diputación.

Funcionarios

El resto de los imputados por esta causa son Pablo Montero, técnico de contratación de la Diputación de Pontevedra, y el ingeniero de la Diputación, Baltasar Pujales. "Pedimos que se exima de toda responsabilidad también a los funcionarios que sólo cumplieron con su obligación", concluyó Louzán.

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