Partidos políticos y sindicatos ya recuperaron durante la Transición los bienes que Franco les había arrebatado. El patrimonio incautado en otras guerras y dictaduras también fue devuelto a sus ciudadanos, como es el caso de miles de familias judías alemanas, ortodoxos rusos y víctimas de la dictadura argentina. Pero en España, los miles de represaliados durante el franquismo todavía hoy luchan por recuperar lo que era suyo. Y ahora lo harán por la vía judicial.

El primer paso lo dieron el pasado mes de abril, al reclamar a la Justicia argentina la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de Franco. En la actualidad, el equipo de abogados que ha tramitado la denuncia ante la Cámara Federal de Buenos Aires en representación de más de una veintena de familiares de gallegos fusilados tras la Guerra Civil se plantea solicitar al Estado la recuperación de los bienes expropiados y las indemnizaciones correspondientes por daños y perjuicios. Por el momento, todavía no hay una valoración del patrimonio que expolió Franco. "Es imposible cuantificar el valor de los bienes expropiados, pero no hay pueblo en Galicia que no haya sufrido el expolio de Franco", apunta Gustavo García, abogado y secretario de la Fundación Galega contra a Impunidade.

Los familiares de víctimas del franquismo y organizaciones humanitarias están a la espera de que el Gobierno español remita a la Justicia argentina la documentación requerida para así decidir sobre la apertura de una investigación de los crímenes del franquismo al otro lado del Atlántico. El pasado mes de septiembre, la Cámara Federal de Buenos Aires dejó sin efecto el archivo de la causa al pedir a España informes que confirme si ya existen procesos abiertos sobre estos hechos. De no haber ninguna investigación por parte de los tribunales españoles, la Justicia argentina asumiría la causa amparándose en el principio de justicia universal.

Con la unanimidad de sus miembros, la Cámara Federal argentina declaró nulo el fallo que había archivado las actuaciones en el país austral. Además aceptó la petición de la querella para que por vía diplomática se pida a España que informe "si efectivamente" se investiga aquí la existencia de "un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física" entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Para agilizar el proceso, los abogados ya han empezado a recoger esta documentación, que -insisten- demuestra que ningún juzgado español ha abierto investigación alguna por las desapariciones del franquismo pese a la orden dictada por el juez Baltasar Garzón en 2008.

La Justicia española ignora el requerimiento del juez Garzón de investigar los crímenes del franquismo. De los 60 juzgados provinciales a favor de los que se inhibió Garzón hace ya casi dos años para que abriesen un juicio sobre las desapariciones durante la dictadura de Franco y exhumasen las fosas comunes, sólo tres -Benavente, Palencia y Villacarrillo (Jaén)- han continuado con la causa. El resto, o bien han dado carpetazo al asunto o lo han ignorado.

Es el caso de seis tribunales en Galicia en los que recayó la investigación del franquismo -Aranga (A Coruña), Mondoñedo y Portomarín (Lugo), Baiona-O Rosal, O Porriño y San Andrés de Xeve (Pontevedra)-. Argumentos como que no se declaran competentes para ordenar la apertura de una fosa, que ya han transcurrido muchos años para investigar los crímenes del franquismo o que el volumen de trabajo del juzgado no permite llevar el caso mantiene bajo tierra las tumbas de Franco.