05 de diciembre de 2010
05.12.2010

El juez ordena al Concello el cierre de la gasolinera ilegal de Ortigueira

Confirma que la sentencia, que obliga al derribo de la instalación, es firme y que no cabe recurso por parte de la empresa o del Ayuntamiento

05.12.2010 | 01:00
Estación de servicio cuya licencia es nula. / la opinión

El juzgado de lo Contencioso-administrativo de Ferrol emitió el pasado 18 de noviembre un orden al Ayuntamiento de Ortigueira para que haga efectiva la sentencia que obliga a la clausura y cierre de la gasolinera de Ortegal Oil, en el polígono de Cuiña. En el mismo documento, el juez confirma que la sentencia del TSXG que declara nula la licencia de obra municipal para construir la estación de servicio ya fue remitida a todas las partes, es decir al propio Ayuntamiento y a la empresa, que se oponían al derribo de la instalación y confirma que es "firme en derecho", es decir, que no cabe recurso ante otra instancia judicial y se tiene que ejecutar.

La providencia del juzgado de Ferrol responde al escrito enviado por la parte demandante -la propietaria de una gasolinera del núcleo de Ortigueira-, representada por el abogado Pablo Costa Vázquez, el 15 de noviembre, en la que se pedía que se procediera "a la clausura y paralización inmediata de las actividades comerciales" de la estación de servicio ilegalmente construida, que también cuenta con taller mecánico y un lavadero de automóvil, para que se procediera después a la demolición de la estructura. A día de hoy, la empresa sigue en activo, aunque el letrado está a la espera de que se cumpla el acuse de recibo de la orden del juzgado, que le da diez días al Ayuntamiento para que haga efectivo el cierre.

La primera sentencia por parte del juzgado ferrolano y la posterior confirmación del alto tribunal gallego señalaron la falta de un informe del Servicio Provincial de Estradas de A Coruña -dependiente de la Xunta- para determinar que el permiso municipal no era válido, ya que la construcción de la gasolinera afectaba al vial que discurría a pocos metros, de titularidad autonómica, y por tanto el Ayuntamiento tendría que haber recabado su autorización.

El Concello alegó, tras el primer fallo dictado en 2008, que la aprobación del plan parcial del polígono industrial donde se emplaza la instalación, con el visto bueno autonómico, ya permitía otorgar la licencia de construcción y también la de actividad, que también fue anulada por el juzgado. Ahora, el Gobierno local tendrá que cumplir la orden del derribo.

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