El PSOE ampliará su denuncia sobre la política de contratación de personal realizada por el presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, en la corporación provincial. Los socialista aportarán ante el fiscal jefe de la provincia información sobre otros 76 procesos de contratación en marcha a los que aspiran, entre otros, la pareja del tránsfuga socialista Eladio Fernández y la promotora de la moción de censura fallida de Calvos de Randín, Sandra Rodríguez.
El PSdeG ya habían presentado a la Fiscalía en noviembre del año pasado los contratos de 115 personas afines al Partido Popular presuntamente contratadas por su apoyo a José Manuel Baltar -hijo del titular de la diputación-, en el congreso interno del PP celebrado en enero de 2010 y en el que salió elegido presidente provincial.
Los socialistas ven indicios de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos en la política de "enchufados" del ente provincial. Calculan que un total de 542 personas fueron dadas de alta, "con opacidad", desde el periodo congresual hasta ahora, precisamente cuando José Manuel Baltar afronta sus primeras elecciones, las municipales de mayo, como máximo responsable del partido tras haber sucedido en el cargo a su padre.
El anuncio de la nueva denuncia del PSOE fue preparado con intencionalidad por el secretario de Organización, Pablo García, quien programó el acto en Santiago, donde se celebraba una convención municipal de los populares, y cargó de responsabilidades a la cúpula autonómica el partido, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda. Los socialistas enfrentaron la prometida "austeridad" con "la realidad de que el lunes la Diputación de Baltar seguirá despilfarrando fondos públicos para mantener a sus allegados", dicen.
Pablo García retó a la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal y al presidente nacional, Mariano Rajoy, a decir si respaldan los procesos de contratación "masiva" de familiares de la Diputación de Ourense.
La corporación provincial, que operará este año con unas cuentas a la baja y 12 millones menos, dedica precisamente esa cantidad cada año, según los socialistas, a pagar salarios y seguros sociales de los trabajadores laborales, funcionarios y temporales que son cargos del PP, familiares o afines al partido. Pablo García sostuvo que las prácticas de Baltar Pumar de "mantenimiento" de la estructura del partido, de ofrecer "retiro" a ex altos cargos y "refugio" a tránsfugas "cuestan a los ourensanos" unos 12 millones de euros al año, "un tercio" del presupuesto anual del organismo provincial.
Hay cerca de 30 millones de euros de presupuesto de personal, el 41% del presupuesto total. Sin embargo, fuentes del partido socialista recuerdan que el año pasado hubo que presupuestar una partida extra de dos millones de euros para cubrir altas de personal temporal.
"Rajoy tendrá que pronunciarse sobre si el PP del señor Baltar es el que quiere instaurar en el resto de España, si es bueno que todos los tránsfugas, sobre todo los de Pontevedra, vayan en las listas electorales y si este es el modelo para acabar con el desempleo", censuró el secretario de Organización del PSdeG.
Las nuevas contrataciones implican a unas 76 personas. De un total de 1.088 trabajadores, "un porcentaje muy elevado" es afín al PP y fue contratado "de forma irregular", según denunció el abogado del partido, José Arcos.
Estos procesos, explicó, "se intensifican" en momentos próximos a procesos orgánicos del partido y en temporadas preelectorales, pero son "permanentes y continuados en el tiempo", además de "opacos".
Así, tras el último congreso provincial del PP, los socialistas ourensanos ya denunciaron la contratación de "115 supuestos afines al PP" entre el último trimestre de 2009 y primero de 2010. Del total, 105 fueron nombrados "por decreto del presidente de la Diputación", explicó el letrado de los socialistas gallegos.
