16 de marzo de 2011
16.03.2011

Detenidos por fraude fiscal cuatro responsables de una cementera de Coirós

La empresa aprovechó el trasiego de camiones durante la construcción del puerto exterior de Ferrol para sustraer la mercancía depositada bajo control aduanero sin pagar los impuestos de importación

16.03.2011 | 02:41

Una de las empresas salpicadas por la trama Gürtel está ahora también en el punto de mira de la Agencia Tributaria por fraude fiscal. Cuatro responsables de Cementos La Estrella, la empresa del grupo Martínez Núñez que explota la fábrica cementera de Coirós desde marzo de 2008, han sido detenidos por su presunta implicación en una trama de fraude fiscal que operaba en el puerto de Ferrol. Entre los años 2009 y 2010, según fuentes de la investigación, el grupo empresarial defraudó una cantidad que podría superar los 3,2 millones de euros. ¿En qué consistía el fraude? Cada vez que la cementera desembarcaba en el puerto de Ferrol materia prima procedente de otros países, la almacenaba durante varios días en el depósito aduanero.

A la hora de retirar la mercancía del recinto, el grupo empresarial aprovechaba el trasiego de camiones que había entonces con motivo de las obras en el puerto exterior de Ferrol para eludir el pago de los impuestos correspondientes a la importación: aranceles e IVA. La sociedad implicada consiguió contar con materia prima para su actividad "sin haber satisfecho ningún impuesto por sus adquisiciones", según fuentes de la Agencia Tributaria.

En la operación se practicaron cuatro arrestos, tres de ellos en Madrid -cargos societarios de la cementera de Coirós- y uno en Betanzos -un gestor de la planta-. Con motivo de las detenciones, se llevaron a cabo tres registros domiciliarios, dos en Madrid y uno en Betanzos, así como en las instalaciones de la empresa con el objetivo de recabar toda la documentación posible que permita reunir más pruebas sobre los presuntos delitos cometidos y posibles rastros de las sumas defraudas.

La investigación, que se remonta al año 2009, fue llevada a cabo por funcionarios de la Unidad de Análisis de Riesgo (UAR) de la Aduana de A Coruña, integrada por funcionarios de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil. La actuación fue dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Ferrol, con la colaboración de la Fiscalía.

Irregularidades

Cementera Gallega de Molienda de Clinker es una de las filiales del Grupo Martínez Núñez, domiciliada en Ourense pero con la fábrica en Coirós. La onda expansiva del caso Gürtel, que salpica a varias comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Galicia, alcanzó en 2009 a José Martínez Núñez, empresario leonés dueño de la constructora Tecnología de la Construcción (Teconsa) -una de las firmas que recibió más adjudicaciones durante los 16 años de mandato de Manuel Fraga en la Xunta- y de un amplio grupo de empresas de diversos sectores, entre ellas la cementera de Coirós. La investigación del Gürtel relacionó a Teconsa con adjudicaciones fraudulentas llevadas a cabo a través de la trama liderada por Francisco Correa.

Se da la circunstancia de que apenas dos semanas antes de las autonómicas de 2005, el Ejecutivo de Fraga autorizó la construcción de la cementera de Coirós. Casi un año antes de la autorización definitiva, en junio de 2004, la asociación de afectados por la cementera recurrió una primera licencia para la construcción de la fábrica por su impacto ambiental. Medio Ambiente ordenó la corrección de algunos puntos del plan inicial y finalmente concedió la autorización. Los afectados prosiguieron sus reclamaciones y las obras se tuvieron que paralizar en varias ocasiones.

A lo largo de su carrera como empresario, Martínez Núñez ha sido acusado de asuntos tan rocambolescos como el de estar detrás del intento de asesinato en el año 2000 del entonces conselleiro de Política Territorial José Cuiña.

Otro de los imputados en la red Gürtel, cuya causa está en manos del juez coruñés Antonio Pedreira, es José Ramón Blanco Balín, ex consejero delegado de Repsol, y que fue presidente y consejero delegado de la cementera de Coirós hasta que en el verano de 2009 fue imputado en la trama por sus relaciones con uno de los cabecillas, el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, y por aparecer como administrador de tres sociedades de la red.

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