Para ella, la UE puede controlar las actividades pesqueras y los medios disponibles deben garantizar "el cumplimiento de la normativa" que tiene como objetivo "acabar con la sobrepesca y contribuir a un sector europeo realmente sostenible".
La impenitente Damanaki confía en un nuevo régimen que va a asegurar la trazabilidad en toda la cadena, desde la captura del pescado hasta que éste llega a la mesa. Y es la vía electrónica la que allanará el camino de las inspecciones.
El optimismo de la comisaria de Pesca le hace hablar de contar, desde ya, con un régimen de control y ejecución global" que espera propicie "un mayor cumplimiento de la normativa pesquera de la UE".
Es seguro que lo conseguirá, porque en la Europa comunitaria, a tenor de lo que ha acontecido con la flota española en los últimos tiempos, serán pocos los barcos de pesca (en diciembre de 2010, la flota pesquera española la integraban un total de 10.847 buques con 414.268 GTs, lo que significa una reducción en número de unidades y capacidad del 40% y 29%, respectivamente, en comparación con los datos de 1997) que mantengan la actividad. España consume 36,5 kilos de pescado per cápita año. La producción de estos buques no es suficiente para atender la demanda interna y se recurre a la importación: más de un millón y medio de toneladas de productos pesqueros en el año 2009 (paliadas estas importaciones por el millón de toneladas que España exportó a otros mercados, principalmente comunitarios).
Según la FAO España ocupa actualmente el puesto 23º del ranking mundial de producción extractiva, con unas capturas que, en 2009, ascendieron a un total 727.445 toneladas (el 1,01% de la producción mundial).
En cualquiera de los casos, ni la FAO, ni la comisaria de Pesca, ponen sobre la mesa cómo se va a evitar esa pesca ilegal, verdadero lastre en cualquier pesquería tanto nacional como internacional.
¿Se puede hablar de lucha contra la ilegalidad en la pesca cuando un pueblo como Camariñas reclama para unos condenados por uso de explosivos en la pesca no sólo la libertad sino la posibilidad de reanudar su trabajo como pescadores? ¿Se puede hablar, realmente, de lucha contra la pesca ilegal en puertos como los de Las Palmas, Vigo o Marín donde, según todos los referentes, continúan desembarcándose importantes cantidades de pescados capturados ilegalmente? ¿Cómo puede garantizar entonces la comisaria de Pesca la trazabilidad de las capturas?
Si la Política Pesquera Común, en su camino hacia la pesca sostenible se va a basar en las importaciones de pescados, Maria Damanaki tendrá que ampliar sus responsabilidades y traspasar las fronteras europeas para el ejercicio de las mismas, porque Europa consume pesca ilegal y esta se disfraza de europea en los contenedores que llegan a los Estados miembros en barcos que ondean pabellón de estos, si bien su carga ha sido transbordada previamente en puertos, por ejemplo uruguayos, por buques abanderados en paraísos fiscales y que son propiedad de los mismos armadores que el barco legal.
La tolerancia cero con la pesca ilegal se antoja una lucha larga y sin contemplaciones incluso con algunos responsables nacionales tanto en países comunitarios como terceros.
