11 de mayo de 2011
11.05.2011

Facenda tendrá que pagar los atrasos al menos a 600 interinos

El colectivo denuncia el "maltrato" al que les somete la Xunta y la "mala imagen" que transmite a los ciudadanos de su gestión

11.05.2011 | 04:09
Protesta de funcionarios interinos ante la Consellería de Sanidade en el año 2007. / efe

Los funcionarios interinos ya se preparan para exigir vía judicial el pago de los atrasos pendientes después de que el Tribunal Supremo les reconociese la semana pasada el derecho a cobrar trienios con carácter retroactivo. Entre 600 y 1.000 trabajadores de la Administración autonómica podrán reclamar el pago pendiente con anterioridad a 2007, año en el que entró en vigor el Estatuto Básico del Empleado Público que por primera vez reconoció este derecho. Según estimaciones de la Asociación Gallega de Personal Interino de la Xunta, cada trabajador tendrá que recibir de la Administración autonómica entre 1.000 y 3.000 euros.

La sentencia del Supremo revelada la semana pasada por LA OPINIÓN ratifica el fallo de la Unión Europea de octubre del año pasado, que reconoce a estos trabajadores el pago de atrasos de cinco años. En este sentido, la Consellería de Facenda matizó que la Administración autonómica ya había abonado los trienios desde el año 2007, con lo que tan solo tendrá que abonar un año de atrasos.

Quejas

El hecho de que la Xunta no actúe de oficio ante la sentencia del Supremo forzará a los interinos afectados a tener que reclamar vía judicial el cobro de los atrasos pendientes. "Los beneficiados serán entre 600 y 1.000 interinos", apuntó ayer Pedro Landeira, miembro de la directiva de la Asociación Gallega de Personal Interino de la Xunta.

Tras celebrar el fallo del alto tribunal, Landeira se hizo eco de las quejas del colectivo: "Hay un maltrato por parte de la Xunta hacia los funcionarios interinos. Somos el pariente pobre en la Administración". La lista de ejemplos que según Landeira evidencian ese "maltrato" por parte del Gobierno gallego a los interinos no solo pasa por la parte retributiva, sino que incluye también el proceso de selección de estos trabajadores, las "filtraciones" que se han dado en las oposiciones o el "incumplimiento" de los procesos de consolidación.

"Además de echarnos a la opinión pública encima, nos tratan con desprecio", cuestiona Landeira. Una situación que les ha obligado a recurrir a los juzgados de lo contencioso el pago de los trienios pendientes. "La Xunta lo que hace es desoír nuestras demandas, lo que nos obliga a ir a los juzgados. Pero esto -denuncia- disuade a muchos a hacer efectivos sus derechos".

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