La Consellería de Medio Ambiente ha descubierto un "fraude" en la recogida selectiva de basuras por parte de varios ayuntamientos y ha ordenado a la Policía autonómica que abra una investigación que se prolongará hasta mayo del próximo año. Desde enero se han realizado ya 20 inspecciones y se detectaron irregularidades en cuatro municipios: Agolada, Silleda, Cee y Marín.

Estos concellos estaban presuntamente enviando a Sogama basura no apta para el reciclaje en los contenedores amarillos y azules -usados para depositar plásticos y cartón, respectivamente, y que sí son susceptibles de ser reutilizados-. De esta manera, según la Xunta, estos ayuntamientos intentaban rebajar la factura que pagan mensualmente a Sogama, que les cobra más por cada tonelada de basura que envíen de la llamada "bolsa negra", la que contiene los desechos que no pueden ser reciclados.

Estos residuos se incineran para extraer energía, pero a Sogama la valorización le sale más cara y, por eso, cobra una tasa mayor a los concellos por la bolsa negra (55 euros la tonelada) que por los residuos del contenedor destinado a los plásticos (amarillo) o al papel (azul).

En un contexto de asfixia financiera para muchos concellos, afrontar la factura que le tienen que pagar a Sogama supone una pesada carga económica. La prueba es que la deuda de los ayuntamientos con esta sociedad pública, que gestiona el tratamiento de basuras en la comunidad autónoma, se ha disparado un 25% en un año y ya hay municipios que llevan hasta año y medio sin pagar ni una sola mensualidad.

La otra alternativa al impago a la que recurren algunos concellos, tal y como denunció la Consellería de Medio Ambiente, es la del "fraude". Un "chivatazo" puso al departamento que dirige Agustín Hernández en alerta. Cada ayuntamiento recoge la basura a los ciudadanos y después se encarga de transportarla hasta las estaciones de transferencia, donde la recogen los camiones de Sogama para llevarla hasta Cerceda donde es tratada.

El 94%o de los ayuntamientos ya tiene recogida selectiva de basuras. Es decir, cada vecino debe encargarse de separar los desperdicios. El papel va al contenedor amarillo; el vidrio, al iglú; el cartón, al azul; y todo lo demás, incluidos los restos orgánicos, van al colector verde, el de la bolsa negra. Aún así, sigue habiendo un porcentaje alto de gallegos que no lo respetan y lo mezclan todo en el mismo cubo.

En el caso de que el concello no tenga habilitados contenedores distintos para la separación, los residuos se consideran bolsa negra, porque no se pueden aprovechar para el reciclaje, y se meten, por lo tanto, en el colector genérico de color verde.

Los ayuntamientos recogen esa basura y la llevan a la estación de transferencia donde deben depositar cada tipo de desecho en su correspondiente contenedor. Y es ahí donde, según informa la Xunta, entra en juego la picaresca de algunos municipios, que transportan camiones de residuos que deberían ser bolsa negra, como si fuera plástico o cartón y, por tanto, aptos para el reciclaje.

Para Medio Ambiente, el "fraude" es intencionado por parte de los ayuntamientos y no está relacionado con el hecho de que los ciudadanos puedan saltarse la separación de residuos. Por esta razón, ordenó una investigación amplia a la Policía autonómica. Ya se han inspeccionado los municipios de Cortegada, Leiro, Arnoia, Beade, Ribadavia, O Barco de Valdeorras, Ourense, Mondoñedo, Valadouro, Trabada, Lugo, Cee, Ordes, Cerceda, Curtis, Agolada, Silleda, Moraña, Marín y la estación de transferencias de Baixo Miño, Val Miñor y Condado Paradanta.

En uno de cada cinco municipios investigados se encontraron irregularidades y la Policía autonómica procedió a levantar acta de denuncia. Se trata de los ayuntamientos de Agolada, Silleda, Marín y Cee.

Esta denuncia ha sido a su vez trasladada a la Consellería de Medio Ambiente que ahora se encargará de abrir un expediente a estos municipios. La sanción por cometer este fraude podría oscilar, según la gravedad, entre los 600 y los 30.000 euros, según informa el gabinete de Agustín Hernández.

Las tareas de inspección de la Policía autonómica sobre la recogida selectiva de residuos se vieron interrumpidas durante el verano puesto que los agentes se están concentrando en la vigilancia y persecución de los incendiarios. Sin embargo, desde la Xunta informan de que la investigación se retomará en septiembre y se prolongará hasta mayo del próximo año.