Fue el primero en dar la voz de alarma sobre el excesivo recurso por parte de la Xunta a los llamados peajes en la sombra y será también el responsable de ponerle coto. El Consello de Contas se encargará de establecer los límites del recurso a la colaboración público-privada de la Xunta para financiar obras públicas, ya sean hospitales, centros de salud o autovías. El director xeral de Política Financieira de la Xunta, Manuel Galdo, aseguró ayer en comisión parlamentaria que el informe que Facenda pidió al Consello de Contas será el que marque las "cuantías máximas" de esta modalidad de financiación, ya que si bien las empresas adelantan el capital para ejecutar las obras, luego la Xunta tiene que devolverlo mediante un canon anual en el que, además, se recogen los intereses y los beneficios para las empresas. El evidente sobrecoste que puede acarrear para las arcas públicas este modelo de financiación hace necesario poner un límite a los pagos que se comprometan por esta vía. Y Contas será el encargado de establecer ese techo máximo.

El propio Luciano Fariña, conselleiro maior, dejó la propuesta sobre la mesa durante su comparecencia en el Parlamento para explicar las principales conclusiones de su última memoria. En su intervención pidió a la Xunta un "mayor control" sobre la contratación público-privada por las posibles repercusiones presupuestarias que puedan tener sobre futuros ejercicios e incluso gobiernos diferentes. "En estos tiempos es más necesario acentuar la vigilancia del control", argumentó.

Su mensaje caló primero en los grupos parlamentarios, que se comprometieron a plasmar este asunto en sus propuestas de resolución y, según parece, también lo hizo en la propia Xunta, que ayer anunció que dejará en manos de Contas la fijación de los límites a la contratación por la vía de los peajes en la sombra.

También la exconselleira de Política Territorial, la socialista María José Caride, se refirió ayer a un modelo de financiación muy utilizado por la Xunta del PP pero al que también ha recurrido el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero e incluso el Ejecutivo bipartito. Concretamente, Caride cifró en unos mil millones de euros la deuda comprometida por la Xunta a largo plazo en proyectos mixtos público-privados, entre los que citó la construcción de la autovía del Morrazo y los nuevos hospitales de Vigo y Pontevedra.