La crisis ha hecho que España pasase de estar considerada el paraíso europeo para la inmigración ilegal, tanto por las facilidades para entrar en el país como para encontrar trabajo sin documentación, a cambiar sus políticas migratorias para poner freno a este tipo de fenómeno. El punto de inflexión fue el año 2009 con la aprobación de la última reforma de la Ley de Extranjería y desde entonces, ese esfuerzo se ha traducido en más expulsiones de ciudadanos sin papeles incluso en Galicia, una comunidad donde la inmigración apenas representa el 4% de la población total.
Concretamente, el año pasado 334 inmigrantes tuvieron que regresar a sus países de origen después de que la policía les sorprendiera ilegalmente en Galicia. Esta cifra supone un 18% más que las expulsiones ejecutadas en 2008 (283) pero el dato más llamativo es que las 334 repatriaciones realizadas el año pasado (152 en Pontevedra, 91 en A Coruña, 75 en Lugo y 16 en Ourense) suponen casi la mitad de todas las órdenes de expulsión dictadas por la Delegación del Gobierno en 2010, una efectividad impensable hace tres años.
En 2008, de hecho, solo dos de cada diez órdenes de expulsión tenían efecto y un año antes el porcentaje de éxito apenas superaba el 10%, cifras muy bajas que se explicaban tanto por las dificultades económicas -ya que no se puede fletar un avión para devolver a un solo inmigrante- como logísticas -no hay centros de internamiento en Galicia- para realizar la repatriación cumpliendo los plazos legales. En 2010, sin embargo, el porcentaje de ejecución se ha duplicado y el 46% de los 716 expedientes de expulsión se hicieron efectivos.
Costes de la repatriación
Devolver a un inmigrante a su país le cuesta de media al Gobierno 1.800 euros y, además, la ley solo permite retenerlo en un centro para extranjeros un plazo determinado. "Cuando la policía dicta una orden de expulsión contra una persona, se le retira el pasaporte y está obligado a presentarse cada 15 días en comisaría. En algunos casos, en el momento en que se presenta es detenido y solo hay 48 horas para buscarle plaza en un centro de internamiento para inmigrantes o meterlo en un avión", explica Miguel Fernández, portavoz del Foro Galego da Inmigración, que añade que aunque el procedimiento administrativo de expulsión no ha cambiado, antes "muchos inmigrantes acababan libres pasadas esas 48 horas por falta de medios para ejecutar la orden".
Esta situación, de hecho, ha sido duramente criticada tanto por el Foro como por los sindicatos gallegos, que no entienden por qué la policía abre un número de expedientes de expulsión que no puede cumplir (hasta 1.200 hace tres años) cuando la ley prevé también la posibilidad de imponer multas. "En el momento de la detención el funcionario puede optar por abrir una orden de expulsión o bien por la sanción. Pero no suelen imponer multas aunque creemos que si no se trata de un delincuente, deberían", razona Fernández. En 2010, de hecho, solo se tramitaron 388 sanciones (tanto a ilegales como a empresarios que los empleen irregularmente) frente a los más de 700 expedientes de expulsión. Repatriar a una persona que vive o trabaja ilegalmente en España sigue siendo igual de caro y complicado que hace tres años pero, como explica Fernández, ha habido avances en la ley y en la gestión que permitieron el año pasado incrementar el porcentaje de ejecuciones. En su opinión, la clave ha sido el "aumento de la eficacia policial y de los controles de inmigración" en aeropuertos y fronteras, una circunstancia que vincula con la crisis ante la necesidad de impedir que el país siguiese siendo puerta de entrada para mano de obra irregular.
"España fue en su día el principal polo de atracción para la inmigración ilegal en toda Europa pero ahora con la crisis, se quiere combatir y cambiar esa imagen", opina Fernández.
En esta estrategia enmarca Fernández también la reciente reforma de la Ley de Extranjería, que como principal novedad en materia de expulsión amplió de 40 a 60 días la duración máxima de la estancia en los centros de internamiento porque "si tienes más tiempo, ejecutar las órdenes de expulsión es más fácil". En este sentido, añade que también ha mejorado la coordinación a nivel estatal y entre centros, para tratar de "llenar" los aviones con ilegales de varias comunidades autónomas, y se han intensificado los contactos con terceros países para firmar convenios de repatriación, porque, recuerda, "para expulsar a un inmigrante, su país de origen lo tiene que aceptar".
A pesar de que la crisis se ha convertido en el mejor eslogan para luchar contra la inmigración ilegal, todavía hay personas que intentan entrar en España irregularmente. El problema para este tipo de inmigrantes es que en los últimos años ha habido un cambio de política también en este sentido y el refuerzo de los controles en pasos fronterizos y aeropuertos hace hoy por hoy mucho más difícil tener éxito. "Cada vez resulta más complicado venir a España por el aumento de los controles fronterizos y policiales. Para entrar irregularmente casi la única vía es hacerlo como turista", resume Miguel Fernández, quien explica, pese a todo, que en este último caso las autoridades españolas exigen que se cumplan una serie de requisitos, como presentar un visado legal de turista o acreditar que se tienen recursos suficientes como para poder venir de vacaciones a España.
Galicia no se ha quedado al margen de este fenómeno y, de hecho, también ha experimentado un repunte notable de las devoluciones de extranjeros sorprendidos tratando de entrar ilegalmente en el país o que ya hayan sido expulsados y contravengan la prohibición de entrar de nuevo en España (veto que tiene una vigencia mínima de tres años pero puede llegar hasta los diez). El año pasado se ordenaron 24 devoluciones de inmigrantes en alguna de estas circunstancias (11 en A Coruña, 11 en Pontevedra y 2 en Ourense), es decir, prácticamente el doble que las 13 del año anterior.
Desde la Delegación del Gobierno explican que este tipo de repatriaciones se ejecutan "siempre" porque "se efectúan en puestos fronterizos o en los propios aeropuertos y las tramitan las comisarías de esos puntos", algo que, según explica Miguel Fernández, "facilita" mucho la expulsión porque el inmigrante se encuentra en una zona internacional o de tránsito, lo que permite ejecutar la devolución "de inmediato" y hace "más fácil y sencillo" todo el procedimiento.
