Caso archivado. La juez ha decratado el sobreseimiento provisional de la causa por el incendio intencionado que el 12 de agosto de 2010 costó la vida a dos brigadistas que intentaban sofocarlo en la localidad pontevedresa de Fornelos de Montes. El Juzgado de Instrucción número 2 de Redondela cierra tanto las diligencias abiertas contra el vecino de 63 años que fue detenido como presunto autor del fuego -lo hace por la "inexistencia de indicios sólidos y suficientes"- como las iniciadas para determinar si existieron negligencias en el operativo de extinción desplegado por la Xunta. En estas últimas había había tres imputados, entre ellos los jefes de los fallecidos, pero la magistrada concluye que no hubo "infracción criminal", y por tanto dejación en las medidas de seguridad, ya que las causas del siniestro fueron un cambio "repentino" en la velocidad y dirección del viento y la "desacertada" decisión de las víctimas a la hora de escoger "la vía de escape". A juicio de los técnicos, la zona en la que se colocaron para atacar el fuego fue "la correcta", sin perjuicio de que "el cambio meteorológico posterior determinó lo contrario".

La decisión de la juez plasmada en dos autos con fecha del 11 de octubre se adopta tras más de un año de investigación y en coincidencia con la Fiscalía, que ya había solicitado de forma previa el sobreseimiento del asunto por este incendio en el que murieron Julio Martínez da Silva y Rodrigo Amo González. En el caso de las diligencias contra el sexagenario Rafael Alvariño Pillado, como presunto autor de un delito de incendio y otro de doble homicidio imprudente, la magistrada decide el archivo ya que los indicios que había en su contra se "desvirtuaron" en la investigación y no han adquirido "la consistencia necesaria" para llevarlo a juicio. Al margen de la investigación por la autoría del fuego, se abrieron otras diligencias por presunto delito contra los derechos de los trabajadores "por prestación insuficiente de las medidas de seguridad" durante la extinción. Los imputados eran el capataz de la brigada de Seaga, un agente forestal y un peón del retén de la Xunta que según las acusaciones hacía funciones de jefe. Estas actuaciones también se archivan porque la investigación "conduce a descartar la existencia de tal infracción criminal". La juez apunta las dos causas del siniestro en virtud de los informes aportados por técnicos de Xunta, Inspección de Trabajo, la Guardia Civil y Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. La primera, "el cambio repentino de la velocidad y dirección del viento con una importante intensificación del fuego", y, la segunda, "la desacertada decisión de los brigadistas muertos a la hora de escoger la vía de escape, al huir monte arriba, en vez de quedarse en la pista forestal o en la zona ya quemado".