La deuda es un arma de doble filo para cualquier administración pública. Una tabla de salvación en muchas situaciones para afrontar la larga crisis y adaptarse al evidente cambio del ciclo económico, pero a la vez un lastre que merma las cuentas y ensombrece la gestión ante los mercados que, precisamente, son los que dejan el dinero. Como una hipoteca para una familia, el préstamo a un Ejecutivo o un organismo aporta recursos para llenar las arcas, pero conlleva también el abono de los correspondientes intereses y la devolución de la cantidad que se solicitó. En el caso de la Xunta, la financiación externa alcanzó al cierre de la primera mitad del ejercicio los 6.923 millones de euros, un 23,5% más que un año antes y el 12,3% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad. Las cargas derivadas de ese nivel de endeudamiento y el coste que conllevan las nuevas emisiones previstas para los próximos presupuestos se disparan a más de 830 millones de euros, lo que representa un 37% por encima del gasto destinado a este mismo objetivo en 2011 y casi un 8,5% de todos los fondos de los que dispone el equipo de Alberto Núñez Feijóo para invertir.

Exactamente, el gasto financiero, según consta en la memoria de los presupuestos presentados la pasada semana, se situará en 2012 en 830,59 millones de euros. Los intereses por las obligaciones que la Xunta tiene repartidas entre inversores y los créditos concedidos por entidades financieras suman 286,8 millones, frente a los 192,985 millones que está pagando en el ejercicio actual. El incremento es del 42%. Para nuevas emisiones de deuda pública, modificar las condiciones actuales de las operaciones en marcha o cancelarlas la partida ronda los 6,3 millones.

En los próximos meses vencen, además, préstamos y emisiones por valor de 536,95 millones de euros -entre ellas, y como figura en la web de la Consellería de Facenda, un grupo de bonos de 200 millones de euros que se formalizaron en 2007 y que hay que cerrar en diciembre de 2012-, un 31% más que las amortizaciones que tuvo que afrontar el Ejecutivo gallego este año.

La intención del departamento que dirige Marta Fernández Currás es alimentar las cuentas con otros 820 millones de euros de deuda el año que viene. Un margen de deuda "bruto", que no agota el tope máximo impuesto para las comunidades en función de su PIB para atacar el déficit público del conjunto del Estado. Con la suma de otro tipo de préstamos "recibidos", el total de pasivos financieros dentro de las operaciones de capital contempladas en los presupuestos supera los 1.323 millones de euros.

Ante las constantes tormentas que arreciaron el movimiento de la deuda pública española durante este curso, Facenda optó por una estrategia muy cuidadosa en la captación de fondos. Muchas operaciones y más pequeñas para así reforzar el control sobre los plazos de amortización y los intereses, cada vez más altos por el efecto arrastre de la prima de riesgo que cargaba la deuda soberana. Hasta julio, el plan estaba ejecutado a un 81%. Casi 1.000 de los 1.200 millones permitidos. Desde entonces, y con 51,5 millones de euros por refinanciar antes de que acabe 2011, lo ocurrido se desconoce.

"Aunque estamos en momentos complejos, agravados por la desconfianza sobre la posibilidad de una quita a la deuda española en los test de estrés, encaramos con tranquilidad el último trimestre del año, toda vez que tenemos vencimientos mínimos en esta última parte del ejercicio y mantenemos una ejecución ya muy avanzada del programa anual de endeudamiento, lo que nos permite mantener una capacidad financiera aceptable", responde la Consellería.

¿Y para el próximo año, tan plagado de incógnitas? ¿Qué camino va a tomar el endeudamiento público autonómico? "Ante la elevada variabilidad de los mercados, resulta prematuro poder hacer una estimación o planificación", advierten fuentes de Facenda. "En todo caso -añaden-, la estructura de vencimientos de nuestra deuda permite cierta holgura en los primeros meses, por tanto, el margen de maniobrabilidad en la ejecución del programa de endeudamiento es mucho mayor". A su favor tiene el mantenimiento de un notable -"alto", como presume la Xunta- por parte de la agencias de rating. Eso sí, fuera del sobresaliente que conservó hasta hace poco y que ya solo reciben en España las regiones de Navarra y País Vasco, con un sistema de financiación diferente, menos dependiente de la caja estatal.