De todos los tamaños y colores políticos. El tijeretazo de la Xunta a las subvenciones para las políticas sociales de los ayuntamientos que denunció esta semana el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Carlos Fernández, ha puesto en pie de guerra a alcaldes y grupos de la oposición. A la rebelión contra los recortes del Plan Concertado promovida por PSdeG y BNG, se suma también el PP.
En el feudo de Baltar, los populares respaldaron ayer dos mociones presentadas por socialistas y nacionalistas en la Diputación contra los recortes de los fondos con los que los concellos costean la ayuda domiciliaria, programas sociales y las nóminas de los funcionarios y técnicos sociales.
El portavoz popular en la Diputación de Ourense, Plácido Álvarez, se hizo eco del "cabreo monumental" que tienen los alcaldes "tanto de un lado como del otro" por la reducción de hasta un 80% de las subvenciones para políticas sociales. "No se trata de un enfado caprichoso sino responsable", justificó Álvarez, en referencia a las "gravísimas dificultades económicas" que atraviesan los concellos. "El problema -añadió- no es que no nos den los recursos sino que en este caso ya los hemos gastado". Ante esta situación de ahogo financiero en las arcas municipales, el PP de Ourense reclama a la Xunta que "en la medida de lo posible reconsidere la posición y que arbitre medidas para tratar de ayudar a los ayuntamientos".
Nuevo decreto
Horas antes de que el PP de Ourense se sumara a las quejas de PSdeG y BNG por los recortes en el Plan Concertado y la amenaza de recursos judiciales de los socialistas por las restricciones, la Xunta echaba balones fuera. La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, salió al paso asegurando que el Ejecutivo autonómico se ha visto "obligado" a practicar "ajustes", que no recortes, en el presupuesto de las subvenciones municipales para políticas sociales por -en este caso, sí- "un recorte del 10%" por parte del Gobierno central.
Días después de que el presidente de la Fegamp denunciase el tijeretazo de hasta el 50% en las ayudas sociales a los concellos, las direcciones de PSdeG y BNG echaron mano de la calculadora y las cuentas le salen todavía peor. Según los nacionalistas, el recorte de la Xunta está por encima del 70%, pero los cálculos de los socialistas lo elevan al 80%. Nada que ver con las cifras dadas ayer por la conselleira de Traballo, que limitó el "ajuste" a un 10%, al tiempo que acusó a la oposición de hacer una "lectura sesgada" de la situación. Mato justificó las restricciones en el Plan Concertado en el "incumplimiento" del Pacto de Política Fiscal y Financiera por parte del Gobierno central, lo que -argumentó- llevó a la Xunta "a ajustar 129 millones". En contra de las quejas de los alcaldes, que aseguran que este recorte también afecta a la ayuda domiciliaria, Mato limitó los "ajustes" a las subvenciones a las nóminas de los trabajadores sociales.
Al recorte de los fondos autónomicos para políticas sociales, los ayuntamientos suman una queja más: el retraso en los pagos. El Ejecutivo de Feijóo se había comprometido con la Fegamp a abonar estos pagos antes del verano, pero los retrasos en la cumplimentación de la documentación por parte de los concellos, según justifica Traballo, han retrasado estos pagos. En la actualidad, los concellos están a la espera de que la Xunta les abone más de 20 millones de los 50 previstos este año para el Plan Concertado.
Ante las quejas de la Fegamp por el retraso de la Xunta en la aprobación de un decreto pactado hace casi dos años con la Consellería de Traballo e Benestar por el cual se "agilizaría" el pago del Plan Concertado a los ayuntamientos, Mato confirmó que el Gobierno autonómico "trabaja ya" para conceder "un anticipo" de las subvenciones a los municipios en el primer trimestre del próximo año. El propósito, según explicó, es financiar esta línea de ayuda mediante "domiciliaciones trimestrales" y "estrechar más si cabe" las relaciones con las diputaciones y los ayuntamientos.
Desde el PSdeG, su secretario xeral, Manuel Vázquez, anunció ayer que su partido no se quedará "quieto" ante los recortes para políticas sociales de los concellos. La próxima semana, según avanzó, será "convulsa" con la celebración de plenos extraordinarios en los ayuntamientos donde gobiernan o con la petición de los mismos donde son oposición. Además, anunció que movilizarán a la sociedad "para no dejar que Feijóo y su Gobierno dejen solos a los hombres y mujeres de este país".
Un día después de que el PSdeG amenazase con llevar a los tribunales estos recortes en el Plan Concertado, la Diputación de Lugo confirmó ayer que pondrá a disposición de los ayuntamientos de la provincia que la soliciten la asistencia gratuita de su gabinete jurídico, para que puedan presentar recursos judiciales contra el recorte anunciado por la Xunta.
