Después de nueve años de compleja instrucción, el juicio del caso Prestige arrancará por fin en 2012. Sin embargo, las expectativas puestas inicialmente en este proceso para lograr que los responsables asumiesen las millonarias indemnizaciones reclamadas se han ido desinflando con el paso del tiempo. Además del oscuro entramado empresarial que se esconde tras el petrolero, la escasa solvencia de los principales imputados (naviera y armadora) y la responsabilidad limitada de los que son solventes (la aseguradora y el Fidac), las dificultades a la hora de hacer una valoración de daños objetiva y que acepten todas las partes hará todavía más difícil conseguir que alguien se haga cargo de la factura del Prestige.
La reclamación económica del Gobierno español, que como principal afectado también es el que más tiene que perder en el juicio, asciende a mil millones de euros. Pero los abogados del Estado tendrán que convencer a la Audiencia de que su estimación de daños es correcta a pesar de que el Fondo Internacional de Indemnización de Daños por Contaminación por Hidrocarburos (Fidac) la rebaja a 300 millones de euros, un 70% menos que la demanda española. Unas diferencias que desde el organismo internacional achacan al "descontrol" con el que actuó el Ejecutivo tanto en los gastos de las operaciones de limpieza como en el pago de las ayudas a marineros y mariscadores afectados.
José Maura, director del organismo internacional, explica que aunque los damnificados españoles presentaron una reclamación global por 1.037 millones de euros, el Fidac valoró los daños en solo 304 millones: 300 para el Gobierno y 4 millones para el resto de afectados.
Maura justifica esta sustancial rebaja por cuatro razones. La primera, las labores de limpieza, un capítulo en el que pese a reconocer que las autoridades españolas realizaron un trabajo "muy bueno", asegura que "costaron más de lo que debían haber costado". "El fondo estima que el Gobierno español no controló demasiado los gastos, que se lanzó a gastar dinero", dice.
En segundo lugar, los pagos que hizo el Gobierno en su día al sector pesquero para compensar sus pérdidas también los consideran excesivos. "Esas ayudas fueron reclamadas por España y estimamos que los afectados venían a ganar unos 10 euros diarios mientras que el Gobierno les pagó 40 euros por día".
Además, el Gobierno también incluye en su valoración el IVA, un impuesto que difiere en los tres países afectados y que además revierte en sus propias arcas, razón por la que "se descontó otro 20% de su reclamación". El último punto de discrepancia tiene que ver con la polémica extracción y sellado del pecio hundido. Según Maura, el comité ejecutivo del fondo estudió la "proporcionalidad entre el costo de la operación (110 millones), y el riesgo de que el petróleo se hubiera quedado en el pecio o hubiera contaminado más". "Hay muchos barco hundidos en el mar llenos de petróleo. Y remover uno a 4.000 metros que tiene un riesgo pequeño de soltar hidrocarburo a un coste tan alto fue considerado por los estados miembros desproporcionado. Por eso se retiraron esos 110 millones de su reclamación", aduce Maura.
Esta valoración de daños será la que el Fidac defienda en el juicio, un proceso en el que figura como responsable internacional desde 1992 de facilitar un pago rápido de las indemnizaciones a las víctimas de derrames de hidrocarburos. "Compareceremos ante el juez y diremos que el fondo ha intervenido pagando cantidades muy importantes y aplicando criterios internacionales. Y defenderemos que los tribunales españoles deberían aplicar los mismos criterios porque el objetivo es que estos siniestros se traten por igual en todo el mundo", explica.
Pero los cálculos del organismo internacional no solo difieren de los del Gobierno español y francés, sino también de los de la propia Fiscalía, que estima los daños en 2.233 millones de euros. La reclamación del Ministerio Público, con todo, es la única que incluye los costes ambientales del accidente, un concepto que no figura entre los daños indemnizables aceptados por el Fidac pero que la Fiscalía entendió que no podía quedar al margen de su demanda civil. De hecho, estudios independientes, como el de la investigadora de la Universidade de Santiago María Loureiro, cifran en más de 1.500 millones los daños directos pero también los ecológicos que causó el accidente, cifra que tampoco podría cubrir hoy el Fidac incluso tras la ampliación del fondo.
