La Consellería de Economía ha destituido a Carlos Silva, técnico responsable de Programas del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), tras descubrirse que este organismo había concedido ayudas a empresas vinculadas a la mujer de este alto cargo que además también está imputado en el marco de la operación Campeón. La destitución, según explicó ayer el conselleiro de Economía, Javier Guerra, se hizo efectiva el viernes tras una investigación abierta por la Xunta en el seno del Igape y justo dos días antes de que saliese a la luz que las empresas de Josefa Otero, esposa de Silva, habían recibido siete millones de euros en apenas un año.

Silva ya había sido detenido el pasado mes de mayo, junto al director y al subdirector del Igape, en el marco de la operación que investiga la jueza de Lugo Estela San José relacionada con la presunta concesión irregular de ayudas a empresas por parte de este instituto económico. En el momento de su detención, Silva ocupaba el cargo de subdirector de este organismo, pero tras su imputación el departamento de Guerra lo relegó a técnico responsable de Programas.

"Por su contrato tenía derecho a un puesto", justificó ayer el conselleiro, al tiempo que aclaraba que, a pesar de la imputación por parte de la juez, el Igape no disponía de datos que les obligasen a adoptar medidas más drásticas. "A raíz de otras investigaciones del Igape es donde nosotros vemos que hay este tipo de planteamientos y procedemos al cese de este puesto", añadió Javier Guerra. "Obviamente nosotros llevamos algún tiempo con alguna indicación y teníamos una investigación abierta", prosiguió.

En todo caso, Guerra defendió que de todas las ayudas aprobadas a las empresas vinculadas a la esposa de Silva "lo único que se pagó" fue una cuantía de 1,3 millones de euros a la firma Procesoil, constituida en el año 2008 en la etapa del Gobierno bipartito. "Esas ayudas vienen de 2008 que quede claro", sentenció. "El 31 de marzo el Igape envió el expediente a Madrid al Ministerio de Industria que es el que asigna esos préstamos, el que los firma y los concede", explicó.

Además de ese dinero, hubo otras ayudas que fueron aprobadas pero que no llegaron a abonarse. "No se pagará ninguna ayuda más si no se dan las circunstancias para que puedan ser pagadas. Faltaría más", apunto el conselleiro. Según la información publicada por El País, las empresas vinculadas a la esposa de Carlos Silva ascienden a siete millones de euros e incluso llegó a conceder subvenciones a alguna de estas firmas solo una semana después de haberse constituido. Al amparo del Plan de Reindustrialización de Ferrol, empresas como Procesoil, Valorización de Residuos Gallego o Galimed Trata obtuvieron del Igape préstamos al 0% de interés que no tendrá que devolver hasta pasados cinco años del ingreso de los fondos, según publicó.

Aunque Economía alega que solo se pagó 1,3 millones de euros a estas empresas durante la época del bipartito, la información de El País asegura que durante 2010 y 2011 el Igape continuó aprobando ayudas a este entramado empresarial vinculado a Josefa Otero. El portavoz parlamentario de Industria del Parlamento, Pedro Arias, apuntó además que Carlos Silva había sido nombrado subdirector del Igape por el anterior Gobierno bipartito y que los nuevos responsables de la Consellería de Industria lo habían mantenido en su puesto "para evitar una ruptura total en la línea de gestión" del Instituto de Promoción Económica. En este sentido, Arias considera que Guerra actuó con "responsabilidad y diligencia" al destituirlo tras la investigación abierta en el Igape.

Críticas al conselleiro

PSOE y BNG advirtieron ayer de que la destitución del técnico responsable de Programas del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) en A Coruña, Carlos Silva, no basta y han exigido el "cese fulminante" del conselleiro de Economía, Javier Guerra.

"No vale con atacar al eslabón más débil de la cadena, Guerra tiene que marcharse", advirtió ayer el portavoz parlamentario del PSOE, Abel Losada, antes de incidir en que la "incapacidad" del titular de Economía a la hora de fomentar la "reactivación económica" y la creación de empleo resulta "nefasta" para Galicia. "No se trata de cesar a un cargo intermedio, Guerra tiene que asumir la responsabilidad de la parálisis y las sospechas", remarcó, al tiempo que anunció que interrogará al presidente de la Xunta sobre este caso en la Cámara gallega.

Con su visión de que la actual situación del Igape es "intolerable" coincidió Carlos Aymerich, quien también anunció una batería de iniciativas para "obligar" a Feijóo a "dar cuentas" de una gestión del dinero público de la Xunta que "más que perseguir el desarrollo económico", según el nacionalista, parece que busca "actuar de lubricante de la maquinaria electoral y clientelar del PP".