"Tenemos la mejor leche de toda Europa y la vendemos al peor precio". De esta forma resume el presidente de la Interprofesional Láctea (Inlac), Román Santalla, la situación de este sector en la comunidad gallega. El Gobierno central aprobó el pasado abril una normativa según la cual las industrias tienen la obligación de fijar la cantidad y el precio del producto con los ganaderos. Pero este carácter de obligatoriedad no será efectivo hasta que la ley se refuerce con el Real Decreto de la Unión Europea. Mientras tanto, los ganaderos tienen que conformarse con los contratos homologados que solo algunas empresas aceptan firmar. Del total de 11.000 productores gallegos alrededor de 3.500, -un 35%- han establecido algún acuerdo con la factoría a la que venden la leche de sus reses.

En este sentido, Bruselas ha dado un nuevo paso tras el preacuerdo al que llegaron ayer el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo sobre la norma que pretende reforzar el peso de los productores lácteos y asegurar precios más justos para el sector, y que permitirá a España introducir su modelo de contrato lácteo obligatorio.

Las partes tienen que ratificar todavía formalmente el acuerdo y aunque en un principio se barajaba que entrasen en vigor a finales de este año, fuentes diplomáticas estiman que la norma se aprobará en el segundo trimestre del 2012. Tras cerca de un año de negociaciones entre los principales problemas que han motivado el retraso figuran la fecha de entrada de la medida, que finalmente se ha impuesto el plazo de seis meses que defendieron países como España o Francia, frente al deseo de otros como Reino Unido que preveían relegarlo hasta un año.

Para el secretario xeral del sindicato Unións Agrarias (UUAA), Roberto García, con los pactos actuales "la industria dice como paga y lo pone por escrito" en un documento con una vigencia de entre dos y tres meses que "no soluciona nada". Sin embargo, considera que con los nuevos contratos obligatorios se producirá "un cambio radical" porque todas las empresas lácteas tendrán que firmar un texto donde figure de antemano el precio y la cantidad de producto que se va a recoger a los ganaderos. Aunque sería un acuerdo válido para todo el año tendría que modificarse conforme varíen índices como el precio medio de venta en cada momento o los costes de producción.

En la medida que la UE está pendiente de aprobar tendrá que figurar el volumen, el calendario de recogida, y las tarifas a las que se pagará la leche, lo que permitirá al productor saber desde el comienzo de la campaña -y no a mes vencido como hasta ahora- cuánto dinero va a cobrar, y no como hasta ahora que las empresas ofrecen, según Santalla, "contratos basura" cuyas condiciones los ganaderos "aceptan" porque "si se quejan dejan de llevarles la leche". Además, el reglamento comunitario deja claro que solo será obligatorio "si el productor acepta las condiciones" con el objetivo de darles la última palabra.

Los sindicatos creen que las medidas no serán efectivas si no existe un proceso de "negociación colectiva" entre industrias y ganaderos. Por eso, defienden la creación de una única organización de productores lácteos (OLP) en Galicia integrada por todas las entidades agrarias con la que se fortalezca el peso de los productores a la hora de tomar decisiones en torno a este tema.

García explica que para poder constituir una organización láctea se exige como mínimo un millar de ganaderos que comercialicen 200.000 toneladas de leche. UUAA ya ha alcanzado ese objetivo y espera que el resto de colectivos hagan lo mismo para poder poner en marcha cuanto antes la OLP gallega. Santalla reconoce que lograrlo es complicado porque "unos llevan velocidad de crucero y otros de tortuga". Además, echa en falta el apoyo de la Administración autonómica para agilizar todos estos trámites, pues cree que solo "con darnos la razón no nos ayuda". Otra de sus denuncias va dirigida a la Comisión Nacional de la Competencia que "pone trabas" a la obligatoriedad de los contratos.