En el despacho del fiscal de Urbanismo en Galia se apilan decenas de causas que reflejan la historia de una ilegalidad. Casas construidas en zonas donde no se puede, pruebas sobre la participación en irregularidades urbanísticas de alcaldes, concejales o promotores. Unos por acción, otros por omisión.

En el caso de las denuncias por infracciones contra la ordenación del territorio interpuesta contra concellos, no solo el alcalde o los ediles están bajo sospecha. Los técnicos municipales, también. Y lo están casi a partes iguales. Según los datos de los últimos cuatro años, la mitad de las denuncias en materia urbanística contra ayuntamientos afectan al equipo municipal.

Para tratar de agilizar las investigaciones en materia de urbanismo y medio ambiente, el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, reclamó hace ya tres años a Interior una policía judicial adscrita al Ministerio fiscal. "Esto permitiría avanzar en las pesquisas y acometer una investigación más meticulosa", defendió entonces.