El modelo territorial defendido por Gobierno y Xunta se queda en papel mojado. La primera propuesta de los Ejecutivos central y autonómico que hizo agua fue la fusión de los ayuntamientos ya que se topó con el rechazo de los alcaldes a perder la cabecera de concello. Como alternativa, la Administración apeló a los municipios a mancomunar servicios como la mejor solución para mejorar su eficiencia, en especial aquellos con un presupuesto raquítico. Pero finalmente el Ministerio de Hacienda ha decidido adelgazar la administración a costa de las mancomunidades. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció ayer que la nueva Ley de Bases de Régimen Local, ahora en fase de debate con ayuntamientos y partidos políticos, incluye la supresión de las 1.026 entidades supramunicipales que operan en España, 41 de ellas en Galicia.

Las diputaciones serán las que se harán cargo de los servicios que los municipios no sean capaces de prestar por sí solos dentro de unos baremos de calidad que establecerá la nueva normativa. "Las diputaciones son las mancomunidades naturales", defendió el número dos de Hacienda, al tiempo que apuntó que esta gestión global de los servicios municipales es 20 veces más barata que la individual.

La reforma del mapa competencial persigue el objetivo de eliminar duplicidades y, según admitió Beteta, "sin duda habrá supresión de cargos públicos". El Gobierno de Rajoy pretende que este proyecto de ley llegue al Consejo de Ministros antes de las vacaciones del mes de agosto, para que la reforma de las administraciones locales pueda estar lista este año. El secretario de Estado de Administraciones Públicas aseguró buscar el consenso de todos los actores implicados, por lo que ha remitido la propuesta a PSOE, CIU, PNV, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las comunidades autónomas para que puedan presentar sus alegaciones. Sin embargo, avanzó que, aunque no se alcance un acuerdo, saldrá adelante "de todos modos".

Sin imposiciones

Las reacciones no se han hecho esperar. El presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), José Manuel Rey Varela (PP), admite que es necesaria una reorganización territorial, pero defiende que sea "pactada" con los ayuntamientos. El también alcalde de Ferrol reprueba que la supresión de las mancomunidades sea obligatoria, ya que -argumenta- la gestión de algunas es eficaz. Como ejemplo, pone la de la comarca de Ferrol, integrada por su Concello, Narón, Neda, Fene, Valdoviño, Mugardos, Cedeira, Ares y Cabanas, que en el último año ha multiplicado por cinco su presupuesto. "Hay que evaluar caso por caso", sostiene.

Más crítico se muestra el alcalde de Muxía, Félix Porto (PSdeG), cuyo concello forma parte de la mancomunidad de A Costa da Morte, quien advierte de que la supresión de los entes supramunicipales no supondrá ahorro alguno. "Si realmente buscan ahorro, hay que prescindir de administraciones que no sirven para nada, las diputaciones, y repartir los fondos que ellas gestionan entre los concellos", defiende el regidor de Muxía, al tiempo que cuestiona "los continuos cambios de criterio" e "improvisación" del Gobierno de Rajoy. "Primero casi hacen obligatoria la fusión de municipios, luego defendieron la agrupación de servicios y ahora la suprimen; es impresentable", concluye Porto. De la misma opinión es la alcaldesa de Tomiño y presidente de la Mancomunidad Baixo Miño, Sandra González (BNG): "Puestos a suprimir duplicidades, quitemos las diputaciones".

Para el alcalde de Fisterra, José Manuel Traba (PP), también en la mancomunidad de A Costa da Morte, las mancomunidades no acarrean coste alguno a los ayuntamientos y, por tanto, su supresión tampoco acarreará un ahorro para las arcas públicas. "Las mancomunidades son una ventaja tanto para los vecinos a la hora de recibir unos servicios y para los concellos que por criterios de población muchas veces no pueden acceder a subvenciones", defiende Traba.

Para el alcalde de Cangas y presidente de la Mancomunidad de O Morrazo, José Enrique Sotelo (PP), es "difícil de entender" el anuncio de Hacienda "si quieren que compartamos servicios para una mayor eficiencia".