Aunque llevan años "desbordados" por la saturación de las prisiones gallegas y la falta de funcionarios, creen que son ellos los que tienen que desempeñar esa tarea en los penales. Y no agentes de seguridad privada, que -advierten- carecen de formación para desempeñar las funciones que le competen a un empleado público en un centro penitenciario. "Actuamos con responsabilidad, y de la misma manera que nosotros lo hacemos le pedimos a Interior que haga lo mismo", reclaman desde las prisiones de Teixeiro y A Lama, las dos mas saturadas de Galicia.
La apertura de nuevos CIS (centros de inserción social) y la apuesta de Instituciones Penitenciarias durante los últimos años por el régimen de semilibertad han permitido rebajar la población interna. Y si hace apenas dos años, la ratio era de un funcionario para vigilar 140 presos, en la actualidad se sitúa en uno para 120 internos.
Para los sindicatos de prisiones, resulta "muy llamativo" que pese a que España registra una de las tasas de delincuencia más bajas de Europa, es el país de la UE con más reclusos. "Algo falla", advierten. La solución -mantienen- pasa por el régimen abierto. Es decir que los condenados cumplan la pena fuera de la cárcel. Y esa es precisamente la política que se marca el Ministerio del Interior desde hace un par de años.
El cumplimiento de las penas en prisión es la modalidad predominante en Galicia aunque desde Interior reconocen que lo ideal sería apostar cada vez más por métodos de reinserción fuera de los muros de una cárcel. Esa es la dirección que está siguiendo el resto de Europa y el reto que se ha marcado Instituciones Penitenciarias, dispuesto a trabajar para que la cuarta parte de los penados cumplan su condena en régimen abierto.
